Tras la expedición de sus dos primeros fallos —uno contra el último secretariado de las FARC por secuestros y otro contra integrantes del Batallón La Popa de Valledupar por ejecuciones extrajudiciales—, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió este miércoles que «necesita con urgencia $121.858 millones para poner en marcha los proyectos de reparación y restauración en favor de las víctimas».
En una comunicación enviada al Gobierno y al Congreso, el tribunal reconoció que el Ministerio de Hacienda ya destinó $20.000 millones para este propósito, pero advirtió que la cifra resulta «insuficiente frente a las exigencias de implementación».
“La materialización de estas sentencias depende, constitucional y legalmente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno”, sostuvo la JEP.
El tribunal de paz también expresó dos preocupaciones adicionales: la falta de un decreto del Ministerio de Justicia que establezca condiciones de seguridad y protección para el desarrollo de las sanciones, y el incumplimiento de la circular del Ministerio de Hacienda que ordenaba priorizar los gastos de la JEP en el Presupuesto General de la Nación 2026.
