La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) decidió “no conceder, por el momento, la libertad transitoria, condicionada y anticipada solicitada por la defensa de Salvatore Mancuso Gómez”.
En el documento, la JEP explica que la libertad condicionada no se trata de beneficios “cuyo reconocimiento sea automático, como ha sido aceptado por la Corte Suprema de Justicia, toda vez, que es necesario que se acrediten y analicen las exigencias normativas para su concesión”.
“La concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, como lo ha dicho la misma Sección de Apelación, es un beneficio para construir confianza y no un derecho automático, en la medida en que su otorgamiento se encuentra estrictamente condicionada al cumplimiento del interesado con las obligaciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición pues no es posible el otorgamiento de beneficios incondicionales o automáticos en tanto de lo que se trata es de garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, como beneficio que es, la JEP analiza unos requisitos y lo puede otorgar o no; y en el presente asunto, además de los previstos legalmente, se tienen los establecidos en el Auto 1633 de 2024”, señala la JEP.
Al conocer esta decisión, la defensa de Salvatore Mancuso responde que el exjefe paramilitar ha cumplido cabalmente con todas las obligaciones y requisitos impuestos por la justicia y paz y por la JEP por lo tanto, “no hay justificaciones fácticas ni legales que justifiquen su actual detención”.
“Esta situación de detención ilegal, le está impidiendo llevar a cabo su importante labor humanitaria como gestor de paz. Llamamos a una revisión urgente de su caso para resolver esta paradoja legal que afecta no solo a Mancuso sino al proceso de paz mismo, puesto que no le han otorgado las garantías jurídicas necesarias”, argumenta la defensa, asegurando que por lo tanto, Mancuso enfrenta una “situación de inseguridad jurídica”.
Salvatore Mancuso pidió su libertad teniendo en cuenta que ha sido designado gestor de paz por parte del Gobierno Nacional, sin embargo, al negarle la JEP otorgarle libertad condicional deberá seguir recluido en la cárcel La Picota, donde permanece desde que llegó extraditado de los Estados Unidos el pasado 27 de febrero de 2024.
