La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó el cierre definitivo de los procesos penales contra 133 integrantes de la Fuerza Pública implicados en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el departamento de Norte de Santander entre 1999 y 2008.
Según el tribunal, los comparecientes participaron en 31 hechos que dejaron 49 víctimas y recibieron el beneficio de renuncia a la persecución penal, medida que extingue toda acción judicial y disciplinaria en su contra, al no haber sido identificados como máximos responsables dentro del macrocaso de los llamados “falsos positivos”.
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Los beneficiados pertenecieron a los batallones de contraguerrilla 95 y 98 de la Brigada Móvil 15, así como al Batallón de Infantería No. 15 “General Francisco de Paula Santander” y al Batallón de Combate Terrestre No. 46 “Héroes de Saraguro”, unidades que operaron en la zona del Catatumbo.
La JEP explicó que la decisión responde a un proceso no sancionatorio, reservado a quienes no tuvieron un papel determinante en el diseño o ejecución de los patrones criminales investigados. Hasta la fecha, el tribunal ha definido la situación jurídica de 417 miembros de la Fuerza Pública, de los cuales 415 estuvieron implicados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado.
El alto tribunal destacó que las medidas restaurativas y los aportes a la verdad de los comparecientes «han generado espacios de reconocimiento y reparación con las víctimas y sus familias». No obstante, advirtió que deberán cumplir los compromisos adquiridos en un plazo máximo de dos meses.
De acuerdo con las cifras oficiales de la JEP, en Colombia se han documentado al menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, perpetradas principalmente durante el periodo 2002-2010, cuando jóvenes inocentes fueron asesinados y reportados falsamente como guerrilleros abatidos en combate.
