El Gobierno Nacional expidió un decreto que obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar cerca de $25 billones de los ahorros de afiliados al sistema público administrado por Colpensiones.
Según lo establecido en la nueva normativa, el traslado de recursos deberá hacerse en plazos estrictos. Para los afiliados que aún no se han pensionado, las AFP tendrán un máximo de 20 días para transferir el 50 % del dinero, y 10 días adicionales para completar el restante. En el caso de quienes ya reciben pensión bajo el régimen público, el proceso deberá cumplirse en un plazo no mayor a 15 días desde la entrada en vigencia del decreto.
La medida cobija a más de 119.000 personas que previamente decidieron trasladarse del régimen privado al público, de las cuales más de 22.000 ya se encuentran pensionadas. Además, se ordena que el traspaso incluya la totalidad de los recursos acumulados en las cuentas individuales, es decir, dinero en efectivo, títulos de deuda y otros activos financieros reconocidos.
El traslado forzoso de estos recursos ha sido cuestionado por gremios como Asofondos, que advierten posibles vacíos legales en la medida. Desde el sector privado se ha señalado que una parte significativa de los recursos, cerca de $20 billones, no tendría sustento jurídico para ser trasladada, ya que corresponde a ahorros que deberían permanecer en cuentas individuales hasta que los afiliados cumplan los requisitos para pensionarse.
“No habría base legal para trasladar cerca de $20 billones, ya que esos recursos deben mantenerse como ahorro pensional mientras no exista el fondo correspondiente”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
Por otro lado, el Gobierno defiende la medida como necesaria para garantizar el funcionamiento del régimen público, el sector privado y algunos expertos insisten en la necesidad de claridad jurídica y reglas estables que protejan los ahorros de los trabajadores.
