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Incautan 582 celulares y más de 3.700 tarjetas SIM durante operativo en la cárcel La Picota

Un amplio operativo de la Policía Nacional en la cárcel La Picota, en Bogotá, permitió el decomiso de cientos de dispositivos electrónicos y otros elementos prohibidos que se…

Un amplio operativo de la Policía Nacional en la cárcel La Picota, en Bogotá, permitió el decomiso de cientos de dispositivos electrónicos y otros elementos prohibidos que se…

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Un amplio operativo de la Policía Nacional en la cárcel La Picota, en Bogotá, permitió el decomiso de cientos de dispositivos electrónicos y otros elementos prohibidos que se encontraban al interior del centro penitenciario. Entre los objetos incautados figuran 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y seis antenas, elementos que podrían facilitar las comunicaciones clandestinas desde el establecimiento carcelario.

Durante las intervenciones también fueron encontrados 356 armas cortopunzantes, sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos. El resultado del procedimiento fue dado a conocer por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien se pronunció sobre la necesidad de impedir que las personas privadas de la libertad continúen utilizando los centros penitenciarios para coordinar actividades delictivas.

El mandatario sostuvo que las cárceles deben cumplir su función de reclusión y no convertirse en espacios desde los cuales se ordenen delitos, se realicen amenazas o se intimide a la ciudadanía. Asimismo, advirtió que su Gobierno mantendrá las acciones para hacer cumplir la ley y evitar que quienes permanecen detenidos continúen desarrollando actividades criminales desde sus lugares de reclusión.

El hallazgo vuelve a poner sobre la mesa las dificultades relacionadas con el control de elementos prohibidos en los establecimientos penitenciarios y el funcionamiento de los mecanismos de vigilancia y seguridad. La presencia de miles de tarjetas SIM, equipos de comunicación, antenas y módems evidencia la magnitud de los elementos que lograron ingresar al penal, por lo que también genera cuestionamientos sobre los controles internos y la responsabilidad de las autoridades encargadas de la custodia y vigilancia de la población privada de la libertad, entre ellas el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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