La Ley de Rescate Fiscal, ¿pagarán justos por pecadores?

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, a través del Ministerio de Hacienda, presentó el Proyecto de Ley de Rescate Económico o Rescate Fiscal, con el objetivo prioritario de frenar la crisis de deuda pública, reducir el déficit fiscal del país y dinamizar el crecimiento económico; reducción gradual del gasto operativo en contratos del Estado y nómina pública. Estas son unas de sus principales apuestas. Otra es la creación del sistema de devolución del 100% del IVA para hogares en pobreza extrema y devoluciones parciales (30% al 50%) para estratos de ingresos bajos y medios.

En el sector de la Salud, se aplicarán incrementos en la cotización de salud a partir de 2027 para trabajadores (dependientes e independientes) que devenguen más de 2 salarios mínimos, pasando progresivamente del 4% hasta un 8% para ingresos altos. Si bien es cierto que instituciones como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), la Contraloría y centros de pensamiento económico (como Fedesarrollo) emitieron advertencias recurrentes sobre el ritmo de gasto y los faltantes presupuestales que comprometían la trayectoria de la Regla Fiscal. En este sentido, ¿se estarán analizando los efectos colaterales que puede causar este rescate fiscal? Para nadie es un secreto el abismo al que nos llevaban las acciones del Gobierno anterior, sobre todo en el Ministerio de Hacienda, donde por el Gobierno del presidente Gustavo Petro pasaron 4 ministros de Hacienda, lo que muchos interpretaron, y no estaban equivocados, como los responsables principales de la crisis fiscal y financiera que dejaron.

¿La Ley de Rescate Fiscal, significará que personas inocentes, correctas o que no han hecho nada malo, terminen sufriendo los castigos, las deudas, el desprestigio o los daños provocados por las malas acciones del Gobierno anterior? Esta Ley contiene medidas que generan un impacto financiero desfavorable en el corto plazo, aunque el Ejecutivo lo justifica como una acción necesaria para estabilizar la economía del país a largo plazo, lo que obligará a los congresistas elegidos por voto popular, a aprobar lo conveniente y discutir a fondo lo que genere inquietudes y afecten al contribuyente.

Entendemos la situación difícil en que recibió este nuevo Gobierno con las cuentas del anterior y que era urgente  presentar esta ley ante el Congreso para estabilizar las finanzas públicas y reducir el déficit, redistribuyendo las cargas tributarias de forma distinta según el nivel de ingresos, eso era necesario. Pero también no es menos cierto que al interior del Congreso de la República deben cursar los debates de una manera seria y responsable en el entendido que se debe proteger el marco fiscal del país, pero también el bienestar integral de cada colombiano debe ser protegido y no se vuelva esto un bumerang que aumente los índices de pobreza y hasta afectaciones a la salud mental.

No soy un experto en temas tan complejos como estos, pero sí tenemos la responsabilidad de levantar la mano por los diferentes profesionales de la salud, principalmente el gremio de los médicos generales. El salario promedio de un médico general en Colombia se encuentra entre los $3.800.000 y $4.500.000 pesos colombianos al mes, en algunas instituciones devengan menos, la mayoría vinculados por orden de prestación de servicios (OPS). Cuánto invirtió un padre de familia en hacer médico a un hijo y este a su vez con un salario que sobrepasa los dos salarios mínimos, cuando sacan sus cuentas y ven que se les aumentarán sus aportes, disminuyendo considerablemente sus ingresos, ¿es justo y oportuno? En Colombia se estima que hay entre 87.000 y 100.000 médicos generales, de acuerdo con datos de agremiaciones médicas y del Ministerio de Salud y Protección Social; hoy con la aplicación de esa Ley es un desestímulo para este gremio de médicos generales, que son la puerta de entrada del paciente al sistema, aproximadamente el 75% del total de los médicos en el país ejercen como médicos generales, mientras que cerca del 25% cuenta con una especialidad, quienes también se verán afectados.

Desde otra óptica más general, surge una pregunta sobre el ritmo y la viabilidad de la consolidación fiscal, que será uno de los debates económicos y políticos más complejos y recurrentes, hay que plantear si es sano o siquiera posible sanar las cuentas públicas de un país en un periodo de cuatro años, el típico mandato presidencial, lo que puede generar profundas divisiones entre economistas, políticos y la ciudadanía.

Colombia como venía, podía enfrentar una crisis de la magnitud histórica que vivió Venezuela con una inflación del 70%, migración masiva e institucionalidad destruida, es altamente improbable en el corto y mediano plazo, pero sí había que tomar medidas rápidas, aunque en Colombia se han presentado debates políticos intensos, reformas fiscales complejas e incertidumbre macroeconómica, las estructuras institucionales, legales y económicas del país imponen barreras y salvaguardas que impiden repetir el ‘camino venezolano’ y eso es lo que se espera, que se den las discusiones frente a una realidad desde la sensatez, la responsabilidad y el compromiso que tiene el ejecutivo y el legislativo con sus gobernados.

El respaldo electoral que llevó a Abelardo De la Espriella a la Presidencia de Colombia representa uno de los giros políticos más determinantes de la historia reciente del país.