En el marco del Consejo de Ministros realizado en la ciudad de Montería, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno expedirá una nueva declaratoria de emergencia económica con el fin de enfrentar los efectos de la intensa ola invernal que golpea al país. Se trataría de la cuarta emergencia de este tipo durante el mandato del presidente Gustavo Petro.
Como medida extraordinaria, la cartera de Hacienda contempla crear un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, es decir, un gravamen enfocado directamente en las empresas. “Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, explicó Ávila.
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El diseño preliminar establece que el tributo aplicaría a patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de $10.400 millones. La tarifa sería marginal: 0,6% hasta los 600.000 UVT (aproximadamente $31.424 millones) y 1,2% para montos que excedan ese umbral. Según el Ministerio, la medida impactaría a unas 15.000 grandes empresas y permitiría un recaudo estimado de $8 billones, recursos que se destinarían a financiar la atención de la emergencia invernal.
La propuesta desató un amplio rechazo entre los empresarios del país, cuyos principales gremios se pronunciaron de inmediato frente a lo que consideran una medida lesiva para la estabilidad económica. La Andi, en particular, cuestionó con firmeza la iniciativa y su presidente, Bruce Mac Master, sostuvo en su cuenta de X que se trata de un “impuesto a la inversión”, al advertir que gravar el patrimonio empresarial podría desincentivar la permanencia de capital en Colombia y afectar la generación de empleo y la confianza inversionista.
