Un decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública establece que los miembros del Congreso que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026 no recibirán la prima especial de servicios, en el marco de una política de austeridad y racionalización del gasto público.
El Gobierno nacional expidió el Decreto 0030 de 2026, mediante el cual se deroga el Decreto 2170 de 2013 y se elimina la prima especial de servicios para los congresistas que se posesionen desde el 20 de julio de 2026. La información fue divulgada por el periodista Ricardo Ospina.
La medida no afecta a los actuales congresistas ni a quienes ya tengan reconocida dicha prima, sino que aplicará únicamente para los nuevos miembros del Legislativo a partir de la próxima legislatura constitucional.
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Lo que dice el Decreto
Según el decreto, la decisión responde a criterios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público y equidad, al considerar que la remuneración de los congresistas es desproporcionada frente al ingreso promedio de la población colombiana.
En los considerandos del Decreto 0030 de 2026, el Gobierno señala que la prima especial de servicios, creada en 2013, sustituyó las primas de salud, localización y vivienda y equivalía a más de siete millones de pesos mensuales, reajustables anualmente y con incidencia en otras prestaciones. No obstante, el Ejecutivo considera necesario ajustar el régimen remuneratorio conforme a la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado.
El documento cita pronunciamientos de la Corte Constitucional que establecen que la prohibición de desmejorar derechos sociales no es absoluta y que pueden imponerse limitaciones legítimas, siempre que sean proporcionales y razonables. En ese sentido, se aclara que la eliminación de la prima no constituye una vulneración de derechos adquiridos.
El decreto establece que sus efectos fiscales comenzarán a regir desde el 20 de julio de 2026 y ratifica que el Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. La norma fue firmada por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y la directora del DAFP, Mariela del Socorro Barragán Beltrán.
