El presidente electo, Abelardo De La Espriella, instruyó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, para que solicite formalmente la intervención de la Procuraduría General de la Nación en varios procesos contractuales y administrativos que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según explicó el mandatario electo, la petición busca que el Ministerio Público ejerza vigilancia preventiva para garantizar que estas actuaciones se desarrollen bajo los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad del próximo presidente de la República, su gabinete ministerial y las personas cobijadas por esquemas de protección estatal.
Entre las principales preocupaciones del Gobierno entrante se encuentra el proceso de contratación para la prestación del servicio de escoltas, cuyo presupuesto supera los 78.000 millones de pesos. De La Espriella advirtió que la adjudicación del contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, lo que impediría a la nueva administración participar en la evaluación de los perfiles y condiciones del personal que tendrá a su cargo la protección del jefe de Estado y sus ministros. Por ello, solicitó revisar el expediente contractual y estudiar la posibilidad de suspender preventivamente el proceso.
La solicitud también contempla la revisión del procedimiento mediante el cual la UNP proyecta nombrar más de 5.100 oficiales de protección en provisionalidad, así como la vigilancia sobre un proceso para la adquisición de 188 embarcaciones y 264 motores fuera de borda destinados a municipios de nueve departamentos. Además, pidió supervisar varios contratos relacionados con la compra de bienes para medidas colectivas de protección dirigidas a resguardos indígenas.
El Gobierno electo indicó que estas revisiones buscan verificar la planeación de los procesos, la justificación de las necesidades, el cumplimiento de las normas de contratación pública y la correcta utilización de los recursos del Estado, con el propósito de garantizar la transparencia y la protección del patrimonio público.
