El Gobierno nacional advirtió que iniciará acciones jurídicas contra los gobernadores que decidan no aplicar las medidas adoptadas en el decreto de emergencia económica. El pronunciamiento fue hecho por el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, quien recalcó que el orden constitucional es de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del país.
El jefe de la cartera se refirió a los anuncios de al menos 17 gobernadores que han manifestado públicamente su negativa a implementar las disposiciones derivadas de la declaratoria de emergencia, aclarando que ninguna autoridad territorial puede realizar interpretaciones unilaterales ni atribuirse funciones que corresponden exclusivamente a la Corte Constitucional.
“El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar. De las acciones administrativas que se lleven a cabo desacatando la Constitución se desprenderán las respectivas acciones jurídicas”, afirmó Idárraga, al reiterar que el respeto por la Constitución no es opcional y que el Gobierno hará valer el orden jurídico en todos los escenarios necesarios.
Ver esta publicación en Instagram
Desde el Ministerio de Justicia se explicó que los estados de emergencia, una vez decretados conforme a la Constitución, tienen carácter obligatorio mientras la Corte Constitucional ejerce su control automático de legalidad. En ese sentido, se advirtió que ninguna autoridad territorial está facultada para obstaculizar la ejecución de las medidas ni intervenir en las decisiones administrativas orientadas a su implementación.
El ministro fue enfático en señalar que cualquier actuación que desconozca el marco constitucional podría derivar en consecuencias jurídicas para los mandatarios regionales, al tiempo que insistió en que el Gobierno nacional actuará siempre por las vías institucionales y legales. “El respeto por la Constitución no es una opción, es una obligación”, subrayó.
Se reiteró desde el Ministerio de Justicia que el Ejecutivo continuará garantizando la seguridad jurídica y la correcta aplicación de las decisiones adoptadas en el marco del ordenamiento constitucional, asegurando que las diferencias políticas o administrativas no pueden estar por encima del cumplimiento de la ley.
