Según el último informe de la Fundación Forjando Futuros, un total de 72 empresas en Colombia, incluyendo a la multinacional minera Drummond, fueron condenadas en 2022 a devolver alrededor de 3.000 hectáreas de tierras que fueron adquiridas de manera ilícita debido a los despojos perpetrados por actores armados, predominantemente paramilitares.
Ilhan Can, investigador de la fundación, aseguró que esta situación refleja un aumento en las condenas dictaminadas contra empresas, y destacó que 15 de ellas nunca habían sido condenadas anteriormente.
“Eso demuestra un aumento en los fallos de condena contra las empresas, entre esos fallos hay 15 empresas nuevas que nunca habían sido condenadas”, señaló Ilhan Can.
El reporte de Forjando Futuros indica que la sentencia contra Drummond ordena la devolución de dos predios ubicados en Jagua de Ibirico (Cesar), lo que equivale a 60 hectáreas.
“En esta sentencia se demuestra claramente la relación de esa empresa con los grupos paramilitares (…) cuando los paramilitares fueron a despojar de manera violenta a las víctimas dijeron que tenían que vender sus predios a Drummond y si no los asesinarían”, afirmó Can.
Además, se evidencia una relación entre la minera y los grupos paramilitares que cometieron los despojos, quienes forzaron a las víctimas a vender sus propiedades a Drummond bajo amenazas de muerte.
En las dos sentencias adversas contra la empresa, el magistrado ordenó una compulsa de copias para que la Fiscalía investigue posibles nexos de la minera con grupos armados al margen de la ley.
Otras empresas mencionadas en el informe incluyen el Acueducto y Alcantarillado de Bucaramanga (Santander), que deberá devolver un predio de 8 hectáreas, y varias compañías inmobiliarias, constructoras y de servicios, como Sociedad Pegados Restrepo & CIA, Inveriana SAS y L.J. Agroinversiones de la Costa SAS, entre otras, todas ellas con predios que superan las 200 hectáreas en cada caso.
Es importante destacar que los fallos de condena contra estas empresas demuestran un avance en la lucha por la restitución de tierras ilegalmente adquiridas.