La Fiscalía General de la Nación presentó contundentes pruebas contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, acusada de participar en el entramado de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Entre los elementos revelados figuran conversaciones de WhatsApp, videos, datos de georreferenciación y el testimonio clave de Olmedo López, exdirector de la entidad y protagonista del desfalco.
La fiscal delegada María Cristina Patiño expuso que López involucró directamente a Ortiz, así como a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y al senador Iván Name; según el testimonio, el 21 de septiembre de 2023 se llevó a cabo una reunión en la Casa de Nariño donde, presuntamente, Ortiz y López acordaron la entrega de contratos para beneficiar al senador Name.
Entre los hechos destacados, López señaló que Ortiz impulsó una adición presupuestal de 11.000 millones de pesos a un contrato en el departamento del Atlántico, vinculado al senador. Además, afirmó que González habría ordenado la entrega de 3.000 millones de pesos al congresista, recursos que, según la Fiscalía, se habrían utilizado para financiar la campaña de María Clara Name, hija del senador, al Concejo de Bogotá.
La fiscal Patiño aseguró que Ortiz actuó como intermediaria en la entrega de dinero, describiéndola como «la mensajera» de estas operaciones. Sin embargo, la fiscalía aclaró que Sandra Ortiz no participó en la asignación de contratos al también congresista, Andrés Calle.
Ante la magnitud de las acusaciones, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Ortiz, en un caso que apunta a revelar nuevas ramificaciones en la presunta corrupción que afecta a altos funcionarios del Estado.
