Luego de más de tres semanas de análisis, el Juez Segundo Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, concluyó su evaluación sobre las pruebas que podrán ser usadas en el juicio contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Fiscalía, la defensa y el Ministerio Público anunciaron que no están conformes con varias de las determinaciones adoptadas y presentarán recursos de reposición y apelación.
Ante esta situación, el despacho fijó para los días 16 y 19 de diciembre las audiencias virtuales en las que cada parte deberá sustentar sus inconformidades. No obstante, ninguna de las partes precisó qué elementos buscan llevar a revisión ante una segunda instancia. Como previsión, el juez también programó fechas adicionales: 23, 25 y 26 de febrero, en caso de que el tiempo inicial no sea suficiente para agotar los recursos.
Entre las pruebas aceptadas se encuentran la información extraída del celular de Day Vásquez, reportes financieros, registros de vehículos, declaraciones ante la Procuraduría, videos relacionados con la investigación y estudios tributarios y fiscales del procesado. Además, fueron avalados como testigos la exvicefiscal Martha Mancera y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Por el contrario, el operador judicial descartó documentos como la declaración en DVD de Gabriel Hilsaca y material asociado a supuestos aportes a la campaña presidencial de 2026.
Uno de los hechos más relevantes de la jornada fue la decisión del juez de compulsar copias contra el fiscal Mario Burgos —quien condujo originalmente la investigación— al considerar que se evidenciaron vulneraciones a la privacidad durante la fase preparatoria del juicio. La medida también recae sobre investigadores del CTI, miembros de la Policía y la Revista Semana. En medio de la audiencia se reveló que el fiscal Burgos habría enviado recientemente una comunicación al juzgado, desde el correo institucional de la entidad, solicitando no ser remitido; lo que llamó la atención de la defensa, debido a que se adjuntó un documento proveniente de una firma privada de abogados.
El juez resaltó que su decisión se basó en la revisión de más de 750 elementos probatorios, lo que seguirá alimentando el debate jurídico en las próximas diligencias.
