El incremento del 23% del salario mínimo para 2026, fijado por el Gobierno nacional y que elevaría el ingreso mensual a $2 millones con auxilio de transporte, ya enfrenta acciones judiciales. El exmagistrado Alejandro Linares y el Consejo Gremial Nacional radicaron tutelas y solicitudes de suspensión provisional del decreto expedido por el presidente Gustavo Petro.
Las demandas alegan una presunta vulneración al debido proceso y el desconocimiento del principio constitucional de concertación tripartita, al adoptarse la medida sin acuerdo entre el Ejecutivo, los empleadores y los trabajadores. Linares responsabiliza a la Presidencia y a los ministerios de Trabajo y Hacienda, y advierte que el alza tendría efectos inmediatos negativos sobre el empleo formal, los trabajadores informales y, en especial, sobre las mipymes, que —según señala— podrían verse obligadas a reducir personal, jornadas o incluso cerrar.
En la misma línea, el Consejo Gremial solicitó a la Corte Constitucional frenar los efectos del decreto, al considerar que carece de sustento técnico y pone en riesgo la estabilidad laboral y fiscal.
El presidente Petro, por su parte, defendió la medida y sostuvo que el salario vital está respaldado por la Constitución y por datos del DANE sobre el costo de la canasta básica familiar.
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