La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a la patrullera de la Policía Nacional, Erika Judith Pérez Romero, tras comprobarse que agredió físicamente a un ciudadano durante un procedimiento de registro en Bogotá. Los hechos se presentaron en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo, un área protegida del norte de la capital, donde la uniformada realizó un operativo contra Juan Sebastián Nova, utilizando de manera desproporcionada su bastón de dotación tipo tonfa.
De acuerdo con el informe disciplinario, la patrullera golpeó directamente el rostro del ciudadano sin justificación suficiente, lo que fue calificado como un abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza. La agresión se produjo en un contexto donde no existía una amenaza real ni resistencia por parte del ciudadano, lo cual fue verificado durante la investigación del Ministerio Público.
La Procuraduría determinó que Pérez Romero violó los límites legales establecidos para el ejercicio de sus funciones, desconociendo los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y racionalidad en el uso de la fuerza pública. Además, el fallo resalta que la funcionaria actuó con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de causar el daño, lo que agrava su conducta.
El fallo, emitido por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento en primera instancia, califica su actuación como una falta disciplinaria gravísima, lo que conllevó a su destitución inmediata del cargo y a la inhabilidad para ejercer funciones públicas por una década.
Este caso se suma a los múltiples llamados de atención que ha hecho la Procuraduría y otros organismos de control sobre el uso indebido de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Policía Nacional. Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas atentan contra los derechos humanos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Finalmente, el Ministerio Público enfatizó en la necesidad de reforzar los procesos de formación y control interno dentro de la Policía, para evitar que casos similares se repitan y para garantizar que los procedimientos se desarrollen siempre dentro del marco legal y con pleno respeto por los derechos fundamentales.
