“Impedir que los niños, niñas y adolescentes retornen a sus actividades escolares de manera presencial es una violación a su derecho a la educación”. Estas fueron las palabras del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien además, reiteró que la crisis social y sanitaria a causa de la pandemia ha impactado negativamente en los menores.
Es de mencionar que la población estudiantil colombiana cumple 450 días sin asistir de manera presencial a las aulas de clase. De acuerdo al Ministerio de Educación, de 9.715.438 estudiantes matriculados en 2021, solo el 16% ha iniciado el proceso de alternancia, lo cual representa una violación al derecho a la educación y al desarrollo integral de esta población.
“La priorización de la vacunación de los maestros y maestras en la fase 3 del Plan Nacional de Vacunación responde a la necesidad imperiosa de retornar a la presencialidad, con el fin de mitigar el impacto educativo, psicológico y social que impone el hecho de llevar más de 14 meses con esquemas remotos de educación virtual y no presencial en un país donde el 55.18% de los estudiantes no cuentan con internet ni con computador en casa”, señaló el defensor Camargo.
Cabe anotar que en octubre del año pasado, MinEducación giró $400 mil millones por medio del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) a Entidades Territoriales Certificadas (ETC), para cofinanciar la adopción de medidas de bioseguridad que permitan garantizar una alternancia segura, y a la fecha solo se ha ejecutado el 50,3% de estos recursos. En 2021 se adicionaron $187.000 millones a los fondos educativos de los colegios oficiales y $200.000 millones destinados a obras de mejoramiento de los colegios rurales.
En ese sentidfo, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado contundente a las ETC para que ejecuten de manera ágil y transparente los recursos asignados, con el propósito de hacer apertura inmediata de las sedes que se encuentren en buenas condiciones de bioseguridad y adecuar aquellas que lo requieran con el recurso disponible.
Hay que resaltar que la entidad ha hecho seguimiento a aquellas ETC que presentan los niveles más rezagados de ejecución de recursos, encontrando los porcentajes más bajos de retorno a la alternancia en Cúcuta, Buenaventura, Quibdó, Ibagué, Valledupar, Ipiales, Puerto Guzmán, Pereira, Lorica, Sahagún, Sincelejo, Villavicencio, Yopal y Florencia.
“Ante esta crisis que ha generado deserción escolar, aumento en las tasas de maltrato infantil, aumento en las tasas de desnutrición, retroceso en el derecho al trabajo de las mujeres, quienes se han visto en la necesidad de renunciar a ellos para dedicarse al cuidado de sus hijos, hoy hago un llamado al Gobierno nacional, a las Entidades Territoriales Certificadas, docentes, personal administrativo y comunidad educativa en general para que sin dilación alguna, se cumpla lo estipulado en el artículo 44 de la Constitución Colombiana, sobreponiendo los derechos de los niños y las niñas, y que se lleve a cabo un pronto retorno a la presencialidad en las aulas”, acotó el funcionario
