La Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años de prisión a la exrepresentante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez Martínez, quien perteneció al Centro Democrático, tras encontrarla responsable de exigir a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) la entrega de una parte de sus salarios.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que declaró responsable a la excongresista del delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo. Cabello Flórez Martínez ejerció como representante a la Cámara durante el periodo constitucional 2014-2018.
Además de la pena privativa de la libertad, el alto tribunal le impuso una multa equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época en que ocurrieron los hechos y la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante nueve años y ocho meses.
La Corte también negó la suspensión de la ejecución de la pena y descartó la posibilidad de que la condenada acceda al beneficio de prisión domiciliaria. La orden de captura será emitida una vez la sentencia quede en firme, momento en el cual deberá cumplir la condena en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
De acuerdo con la investigación, la entonces congresista solicitaba mensualmente a varias integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de los salarios que recibían. Para realizar estas exigencias, habría contado con la participación de tres de sus colaboradores.
La sentencia estableció que cinco integrantes de la unidad legislativa fueron requeridas, directamente o a través de intermediarios, para entregar parte de sus ingresos como condición para conservar sus puestos de trabajo. Según el fallo, la exrepresentante actuó consciente de la prohibición de esta conducta y aprovechó su posición dentro de la función pública para obtener beneficios.
El alto tribunal consideró que las actuaciones ocasionaron un grave perjuicio a la administración pública y afectaron la confianza ciudadana en el Congreso de la República como institución fundamental del sistema democrático.
La decisión también ordenó la reparación de los perjuicios ocasionados a Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes, reconocidas como víctimas dentro del proceso.
Finalmente, la Corte Suprema dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante investigaciones contra la excongresista por posibles delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenaza.
