El aumento extraordinario y al parecer injustificado de las tarifas de energía en zonas del país como la Costa Atlántica, que ha tenido un amplio debate desde septiembre de 2022, está en el foco de atención de la Contraloría General de la República, que por medio de su delegada de Minas y Energía avanza en un estudio sobre el tema.
Se realiza un amplio análisis para evaluar la pertinencia de los costos de las tarifas de energía y gas combustible, como herramienta para la implementación de la política de prestación de los servicios públicos, y su impacto fiscal en los esquemas de subsidios respectivos.
Al organismo de control le preocupan varias situaciones:
- La demora en la toma de medidas efectivas para resolver los problemas de liquidez de las empresas comercializadoras.
Esta situación se ha visto agudizada por las medidas regulatorias para contener los aumentos tarifarios, hecho que podría tener impactos negativos en la estabilidad del suministro de energía en el país. - La exposición a los precios volátiles de la bolsa de energía, que ha llegado a superar los $1.059 kW/h en la última semana, y la suspensión de contratos de energía de largo plazo, aumentan la incertidumbre en el sector.
Para la CGR, se requieren medidas integrales, ya que está en riesgo la expansión de la oferta de energía y estabilidad regulatoria y contractual y, por lo tanto, la prestación del servicio de energía en el país.
En el estudio sectorial que está realizando la CGR respecto de los servicios de energía y gas, se ha puesto la lupa en temas puntuales: - Se analiza el comportamiento de los componentes del costo unitario del servicio de energía eléctrica, a partir de las disposiciones de la Resolución Creg 119 de 2007.
- Se está mirando el impacto que han tenido las medidas regulatorias para lograr estabilizar las tarifas en el país y las medidas adicionales que se puedan implementar, identificando los componentes de la cadena de prestación del servicio que aplicarían.
- Se evalúa la evolución del costo de los subsidios de energía eléctrica frente al comportamiento de las tarifas durante el periodo 2010-2022.
Este análisis estará disponible finalizando noviembre de 2023, anunció el Contralor Delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, quien resumió así algunas de las preocupaciones del ente de control sobre el tema del suministro y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, como de todos los servicios públicos, y del sector minero energético.
Posibles racionamientos
La CGR viene haciendo estudios desde febrero de este año, cuando realizó un foro sobre la transición energética con especialistas del mundo académico, de la producción y del sector público, especializados en el tema.
Y surge una preocupación inicial: se habla del desabastecimiento de hidrocarburos, de que no va a haber más exploración, de que habrá suspensión de la explotación de carbón y de hidrocarburos, pero no se habla de cómo van a ser sustituidos los ingresos que dejan todos estos recursos en regalías y en el PIB.
- En el tema de la energía eléctrica, hay una preocupación profunda al que ver que en enero de este año la producción de energía se encontraba aproximadamente en valores cercanos a los $250 kilovatio hora y en la última semana de septiembre de 2023 se ha llegado a precio cercanos a los $1.100 kilovatio hora, lo que significa un crecimiento de la producción con un costo superior al 300%.
Esto puede causar un incremento desmedido en las tarifas, sobre todo para aquellas empresas que están expuestas a bolsa y que no han tenido oportunidad de hacer contratos de corto mediano o largo plazo. - Preocupa aún más que estos incrementos de precios sean señales de posibles atrasos en el ingreso de nuevos proyectos de transmisión y/o generación.
- A los comercializadores de energía se les está debiendo cerca de $6 billones, por la denominada Opción Tarifaria, hay unas deudas permanente en subsidios que anualmente llegan a los 3 o 4 billones de pesos y, con estos incrementos de los precios de bolsa, se pueden sumar otros billones de pesos y, para cualquiera que entienda de economía de los servicios, es claro que se puede producir lo que se puede llamar un apagón comercial o financiero, porque habiendo energía por ahora suficiente como para pasar esta temporada de ‘El Niño’, pasando esta o durante la misma, habría empresas que no pueden tener recursos en ese momento y, al no tenerlos, van a dejar de comprar la energía.
Y de pronto van a tener que comenzar a hacer limitaciones de suministro a los usuarios a los que los recursos de los comercializadores no alcancen para proveer la energía.
Se han tomado unas medidas de emergencia mediante las cuales se pretende ayudar al departamento de La Guajira, pero que han causado muchos más costos a usuarios del resto del país y que, en este momento, se suman a la coyuntura.
Por todas estas razones, la Contraloría General de la República viene haciendo un estudio profundo para precisamente hacerle un seguimiento especial a esos temas y lanzar las alertas que correspondan.
“Tenemos una situación de incertidumbre, donde no tenemos claro quién va a pagar los costos que esto traiga ni a cuánto van a llegar los mismos. Ese es el problema que hay y que estamos mirando”, concluyó el Contralor Delegado de Minas y Energía.
