La Contraloría General de la República advirtió que el sistema de educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural que compromete la sostenibilidad financiera de la mayoría de las universidades del país.
Según el ente de control, solo una de las 34 universidades públicas presenta autosostenibilidad financiera, mientras el resto depende en gran medida de transferencias estatales y enfrenta presiones por pasivos pensionales y gastos de funcionamiento.
El estudio también evidenció una alta concentración de recursos en pocas instituciones, lo que profundiza las desigualdades regionales en el acceso y la calidad de la educación superior.
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Desigualdad en la asignación de recursos y presión financiera
El análisis de la Contraloría señaló que las universidades Nacional de Colombia, Nacional Abierta y a Distancia, de Antioquia y del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % del orden territorial, lo que afecta los principios de equidad del gasto público y amplía las brechas regionales.
En el periodo 2019-2024, los ingresos por estudiante variaron significativamente entre instituciones, con diferencias que van desde más de 11 millones de pesos en la Universidad Nacional hasta poco más de 525 mil pesos en la UNAD, frente a un promedio nacional de 4,5 millones de pesos.
El informe también reveló que las universidades de mayor tamaño concentran una proporción sustancial del gasto del sistema y que, aunque la mayoría presenta indicadores de solvencia aceptables, un grupo importante registra menor capacidad para cubrir sus obligaciones financieras.
Pasivo pensional y retos de financiación del sistema
La Contraloría alertó que el pasivo pensional del sistema universitario público alcanzó los 10,3 billones de pesos en 2024, cifra que podría incrementarse por la falta de actualización de cálculos actuariales en varias instituciones. Este pasivo se concentra principalmente en la Universidad Nacional y la Universidad del Valle, que representan cerca del 58 % del total.
El ente de control señaló que esta carga estructural limita la inversión en docencia e infraestructura y restringe la capacidad de expansión de las universidades. Además, advirtió que el Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 de 1992, tendrá un impacto fiscal significativo, estimado por la Contraloría en 27,8 billones de pesos entre 2027 y 2036, superior a la proyección del Ministerio de Educación.
Se indicó que persisten brechas en la asignación de recursos, limitaciones en la generación de ingresos propios y niveles críticos de endeudamiento en algunas instituciones, por lo que planteó la necesidad de revisar el modelo de financiación, diversificar las fuentes de ingreso y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de educación superior pública en Colombia.
