El Consejo de Estado admitió una nueva demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por Bogotá, David Racero, tras ser señalado de presuntamente emplear a un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en actividades privadas ajenas a sus funciones públicas.
La acción judicial fue asignada al despacho del magistrado Freddy Ibarra Martínez, quien también tiene bajo análisis otro proceso similar contra el congresista. El alto tribunal estudia la posibilidad de acumular ambos expedientes para su revisión conjunta.
Según los hechos consignados en la demanda, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, un miembro de la UTL de Racero habría realizado labores vinculadas a un negocio de frutas y verduras de propiedad del congresista, ubicado en el barrio Villa Luz, al occidente de Bogotá. Esta situación, de comprobarse, implicaría un uso indebido de recursos públicos, ya que los funcionarios de las UTL deben desempeñar funciones exclusivamente relacionadas con la actividad legislativa.
El documento judicial incluye como soporte una investigación periodística que revela supuestas conversaciones entre Racero y su asistente, en las que se haría alusión a tareas dentro del negocio familiar. Estas pruebas documentales ya fueron incorporadas al expediente.
La demanda fue radicada el pasado 13 de mayo, dentro de los plazos legales, lo que descarta una posible prescripción de los hechos. Con su admisión, el Consejo de Estado ordenó suspender el conteo de los términos procesales mientras se surte el trámite correspondiente.
En paralelo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también avanza en investigaciones sobre estos hechos. Entre las pruebas recaudadas se encuentra un audio en el que el conductor de Racero —también vinculado a su equipo legislativo— haría referencia al funcionamiento del mismo establecimiento comercial.
El proceso también examina si hubo contratación sin garantías laborales, lo cual representaría una posible infracción a las normas del Congreso sobre vinculación de personal.
David Racero, integrante del movimiento Pacto Histórico, ha rechazado públicamente las acusaciones, asegurando que se trata de información tergiversada. Sin embargo, será la justicia quien determine si existen méritos para imponer sanciones de carácter político o legal.
