El Consejo de Estado aceptó para estudio una demanda que solicita la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero Mayorca, por presunta utilización indebida de recursos públicos.
La acción judicial se fundamenta en denuncias según las cuales Racero habría dispuesto que un funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) atendiera un establecimiento comercial de su propiedad. De acuerdo con el auto de admisión, el congresista habría empleado a miembros de su equipo legislativo, en enero de 2021, para colaborar en un supermercado de frutas y verduras (tipo fruver) ubicado en el barrio Villa Luz, al occidente de Bogotá, hecho que fue reportado por distintos medios de comunicación.
El alto tribunal notificó formalmente al parlamentario para que responda a los señalamientos, otorgándole un plazo de cinco días para presentar su defensa.
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación fue vinculada al proceso y podrá intervenir en el desarrollo del caso, en el marco de sus funciones de control disciplinario.
El expediente, ahora en manos del Consejo de Estado, abre una nueva fase judicial que podría derivar en la pérdida de la investidura del legislador si se comprueba una transgresión al régimen de inhabilidades o incompatibilidades.
