La región Caribe enfrenta un panorama crítico ante la inminencia de una crisis energética, motivada por el deterioro financiero de las empresas prestadoras del servicio eléctrico, el aumento desmedido en las tarifas y una preocupante inacción gubernamental. Así lo advirtieron varios senadores en dialogo con El Siglo, que, desde el Congreso, elevaron un llamado urgente al Ejecutivo para evitar un eventual colapso del sistema que podría derivar en cortes masivos de energía.
El senador José David Name, del Partido de La U, cuestionó duramente la gestión del superintendente de Servicios Públicos, Libardo Márquez, asegurando que su falta de conocimiento técnico ha impedido tomar decisiones que frenen el deterioro del servicio. “La Superintendencia no ha hecho absolutamente nada para evitar un apagón. En el mercado de Air-e la deuda con generadores y proveedores sigue aumentando, lo cual nos está conduciendo al borde del colapso”, sentenció.
Name advirtió que, tras la intervención a la empresa Air-e, las pérdidas podrían superar los 60 mil millones de pesos, y denunció que la situación actual podría ser incluso más grave que antes de la intervención estatal.
Por su parte, el senador liberal Mauricio Gómez Amín responsabilizó directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro del deterioro progresivo del sector. “El caos de su administración ha impactado a todos los servicios. Incluso el gas, que antes era más económico, ha subido de precio. Petro prometió acabar con el sector minero-energético, y lo está cumpliendo”, afirmó.
La senadora Karina Espinosa, también del Partido Liberal, destacó el drama social que se avecina en departamentos como Córdoba, Magdalena, Sucre, Bolívar y Atlántico. “En muchos hogares del Caribe, las familias tendrán que elegir entre pagar la luz o comprar comida. El deterioro del servicio afecta especialmente a los más vulnerables, así como a escuelas, clínicas y hospitales”, advirtió.
A las voces de alerta se sumó el senador Didier Lobo, de Cambio Radical, quien advirtió sobre el riesgo real de un apagón si el Gobierno no acelera el pago de los subsidios adeudados al sector eléctrico. “Las empresas Air-e y Afinia están ahogadas en deudas por la falta de recursos del Estado. Si el Gobierno no responde, no hay otra salida que trasladar el costo a los usuarios. Esto podría disparar las tarifas hasta en un 140 %, volviendo impagable el servicio para miles de familias”, explicó.
El legislador señaló que la Contraloría General de la Nación ha respaldado estas advertencias, confirmando que el déficit en el sistema amenaza la sostenibilidad del servicio. Aunque el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha expresado su intención de agilizar los pagos, la incertidumbre sigue creciendo en una región históricamente castigada por la deficiente prestación del servicio.
La situación, según coinciden los congresistas, exige una respuesta inmediata y estructural del Gobierno Nacional para evitar que la región Caribe colapse energéticamente y se profundice la ya crítica desigualdad social que afecta a millones de sus habitantes.
