La Defensoría del Pueblo de Colombia actualizó las cifras que evidencian la grave crisis humanitaria en el Catatumbo, Norte de Santander, donde el desplazamiento forzado afecta ya a 36.139 personas, según el Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado.
La región enfrenta un aumento sostenido de violencia e inseguridad que ha generado múltiples desplazamientos y confinamientos, especialmente en zonas rurales bajo control de grupos armados ilegales. Las víctimas incluyen firmantes del acuerdo de paz, líderes sociales y menores de edad, quienes enfrentan amenazas de secuestro y asesinato.
Según la Agencia para la Reincorporación, seis firmantes de paz han sido asesinados y al menos 120 excombatientes desplazados. En paralelo, más de 80 homicidios han sido reportados, con 41 cuerpos identificados por Medicina Legal, de los cuales 34 ya fueron entregados a sus familias.
Las comunidades indígenas también han sufrido el impacto de la violencia. En San Pablo, Tibú y Cúcuta, 631 miembros de la etnia yukpa fueron desplazados; por otro lado, las mujeres enfrentan riesgos crecientes de trata de personas, principalmente en Cúcuta y Tibú, mientras que cerca de 3.000 menores desplazados permanecen en situación de vulnerabilidad en albergues carentes de alimentos, insumos básicos y colchones.
A pesar de las dificultades, se han llevado a cabo acciones humanitarias significativas. Hasta ahora, 435 personas han sido evacuadas en vuelos humanitarios, y 200 más, consideradas de especial protección, fueron rescatadas en Tibú con apoyo del Ejército Nacional; sin embargo, el éxodo continúa, con algunas familias buscando refugio en Venezuela.
La Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de fortalecer las rutas de protección para las víctimas, destacando que la magnitud de la crisis exige una respuesta integral y urgente por parte del Estado.
