En una comunicación de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el gremio manifiesta su descontento por los alcances del Decreto No. 1277 de 2023 del Ministerio de Ambiente, que hace parte de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.
Asegura el sector que dichas medidas legislativas, “pueden generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica de las actividades productivas y empresariales, además de proyectos mineros ya existentes o futuros”.
Alertan que con este Decreto mediante el cual el Gobierno Nacional buscaría atacar problemáticas de la zona, incluirían temas como la limitación de concesiones de explotación de recursos naturales.
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, precisó que «el conjunto de decretos emitidos en el marco de emergencia económica, y en especial el 1277, son muy amplios en cuanto a su aplicabilidad y conllevan a la modificación y desconocimiento de instrumentos ambientales ya otorgados, lo que puede generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica de las actividades productivas y empresariales, además de afectar, posiblemente, proyectos mineros ya existentes o futuros».
La preocupación de la ACM se resume en los siguientes puntos:
- Expresamos nuestras inquietudes por el uso indiscriminado de la figura de Estado de Emergencia en el Decreto Legislativo No 1085 de 2023, ya que, observamos que los criterios constitucionales de excepcionalidad y proporcionalidad no fueron debidamente acreditados en el decreto mencionado.
- Los decretos emitidos en el marco de la emergencia económica y en especial, el Decreto 1277 de 2023, son muy amplios en cuanto a su aplicabilidad y conllevan la modificación y desconocimiento de instrumentos ambientales ya otorgados, lo que puede generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica de las actividades productivas y empresariales, además de proyectos mineros ya existentes o futuros. Además, se incluyen medidas que buscan modificar el ordenamiento territorial privilegiando unas actividades productivas sobre otras, sin ningún criterio técnico.
- Debemos mencionar que, en un marco de emergencia económica, las acciones realizadas para afrontar dicha emergencia deben estar encaminadas a brindar una solución y no a regular o prohibir las actividades productivas que aportan al bienestar y desarrollo del Departamento. Consideremos que esta acción produce inestabilidad, afecta la generación de recursos, empleo y agrava la situación por la que atraviesa La Guajira.
- Reconocemos que las razones detrás de la declaración de emergencia son trascendentales, sin embargo, no son a causa de las actividades productivas, por consiguiente, subrayamos que los decretos con fuerza de ley emitidos en este contexto deben estar justificados y relacionados con la crisis en cuestión y no usarlos para transgredir los proyectos y operaciones existentes en el Departamento.
“Reiteramos nuestro compromiso con una minería responsable ambiental y socialmente, así como nuestra disposición para trabajar conjuntamente con el sector público para implementar soluciones que garanticen el desarrollo sostenible de los guajiros”, remarcó el presidente de la ACM.
