La crisis del reclutamiento forzado de menores en Colombia ha llevado a la Fundación para el Estado de Derecho a presentar una demanda contra la Presidencia de la República y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), señalando la omisión del Estado en la protección de la infancia en zonas de conflicto. La acción judicial fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y podría sentar un precedente en la defensa de los derechos de los niños en el país.
El aumento de casos de reclutamiento forzado ha generado preocupación en organismos internacionales, especialmente tras el reciente secuestro de una menor de 14 años en Suárez, Cauca. Según la denuncia de la ONU, la niña, identificada como Emily, fue llevada por la fuerza por hombres armados en motocicleta en la vereda La Cabaña el pasado 25 de marzo. Su paradero sigue siendo desconocido, y las Naciones Unidas han exigido su liberación inmediata y en condiciones seguras.
Las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indican que en el último año se verificaron 216 casos de reclutamiento de menores, aunque se advierte que la realidad podría ser aún más grave. La Defensoría del Pueblo ha reportado un número mayor de denuncias, lo que confirma una tendencia alarmante. Ante esta situación, la ONU ha hecho un llamado urgente al Gobierno para que tome medidas efectivas, dado que las acciones implementadas hasta el momento no han logrado frenar esta problemática que compromete el futuro de cientos de niños y adolescentes en el país.
