Un juez de control de garantías envió a prisión a siete personas señaladas de participar en el secuestro y abuso sexual de una mujer en Bogotá, en un caso que ha generado gran indignación debido a la crueldad de los hechos y a la participación de un miembro activo de la Policía Nacional.
La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, reveló que la víctima fue contactada mediante una falsa reunión comercial, simulada por dos hombres que se hicieron pasar por clientes interesados en adquirir paquetes turísticos hacia destinos como México y Punta Cana. La cita, que debía ser una transacción laboral más, terminó convirtiéndose en una trampa violenta.
El 3 de julio de 2024, al llegar al lugar acordado en la localidad de Puente Aranda, la mujer fue retenida en contra de su voluntad durante más de diez horas. En ese lapso, según los investigadores, fue objeto de agresiones físicas, abuso sexual y presiones psicológicas. Uno de los hechos más graves que reveló el proceso fue la participación directa del patrullero Daniel Andrés Arciniegas, quien habría liderado parte del abuso, exigiendo además información confidencial de cuentas bancarias y extorsionando a los familiares de la víctima a cambio de su liberación.
Los otros implicados, identificados como Angie Carolina Vizcano Sanabria, Nelson Alejandro Flórez Peralta, Juan David Hernández Pardo, Andrés Camilo Flórez Peralta, William Darío Hernández Pardo y William Alexander Montenegro Portela, fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, acceso carnal violento, acceso abusivo a sistemas informáticos y concierto para delinquir.
Durante las audiencias, los acusados no aceptaron los cargos. Sin embargo, ante la gravedad de los hechos y las pruebas presentadas por el ente acusador, el juez consideró que representaban un peligro para la víctima, para el proceso judicial y para la sociedad en general, por lo que ordenó su reclusión inmediata en centros carcelarios mientras avanza la etapa de juicio.
La Fiscalía continúa con la recolección de material probatorio y no descarta nuevas capturas, en caso de que se logre establecer la participación de más personas en esta red criminal. El caso también ha generado cuestionamientos sobre los controles internos en la Policía Nacional y ha encendido nuevamente el debate sobre la violencia de género y el uso del poder institucional para cometer delitos.
