En una audiencia pública realizada este miércoles, una decena de instituciones del Estado rindieron cuentas de su gestión, ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz, respecto a los asesinatos y amenazas contra comparecientes de la Farc firmantes del Acuerdo Final de Paz.
A la fecha, 249 miembros del Partido Farc han sido asesinados. El último caso, precisamente, ocurrió este martes en Atrato, Chocó, donde fue hallada muerta Paula Andrea Osorio, según reportaron los dos voceros del Partido político Farc que intervinieron en la diligencia.
“Si se mantiene la tendencia, en diciembre de 2024 habrán asesinado 1.600 excombatientes de las Farc», advirtió el director de la Unidad de Investigación y Acusación –UIA– de la JEP, Giovanni Álvarez.
De acuerdo con la investigación presentada por la UIA, aunque una de las tres hipótesis que explican la situación de violencia está asociada al fenómeno del narcotráfico, en 63% de los territorios cocaleros no se presentan homicidios contra excombatientes. El perfil de las víctimas corresponde a: hombres mestizos entre los 25 y 44 años, sin pertenencia étnica, con bajos niveles de escolaridad, que tendieron a ocupar posición de baja jerarquía durante su permanencia en el extinto grupo armado.
“Uno de los patrones indica que hay un desmonte de proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a través de la eliminación de excombatientes que asumen roles de liderazgo», añadió Álvarez sobre el estudio: “Silenciando la verdad», presentado por la UIA a la magistratura.
A partir de este contexto y con la información recolectada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, durante tres diligencias realizadas con población en riesgo en Antioquia, Meta y el suroccidente del país en el transcurso de 2020, los magistrados escucharon a la vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera; al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; al consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila; al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos; al director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo; y a la Viceministra de Defensa, Diana Abaunza, entre más de una decena de intervinientes.