La reciente expulsión de dos legisladoras británicas por parte del gobierno israelí ha generado una fuerte reacción diplomática desde Londres. Yuan Yang y Abtisam Mohamed, parlamentarias del Partido Laborista, fueron detenidas y deportadas el sábado 5 de abril al llegar a Israel como parte de una delegación que tenía previsto visitar proyectos humanitarios en la Cisjordania ocupada.
El ministro de Exteriores británico, David Lammy, calificó el hecho como “inaceptable, contraproducente y profundamente preocupante”. En declaraciones a medios británicos, aseguró que su despacho ha expresado su malestar directamente al gobierno israelí, subrayando que “esto no es manera de tratar a representantes del Parlamento británico”.
Israel, por su parte, justificó la decisión asegurando que las diputadas mintieron al afirmar que eran parte de una delegación parlamentaria oficial, cuando ninguna autoridad israelí tenía conocimiento de dicha visita. Según un comunicado del Ministerio del Interior israelí, el objetivo del viaje era “documentar acciones de las fuerzas de seguridad israelíes y difundir discurso de odio hacia Israel”.
Yang y Mohamed rechazaron estas acusaciones y señalaron que el propósito de la misión era observar de primera mano la situación en los territorios palestinos ocupados, acompañadas por organizaciones humanitarias del Reino Unido con más de diez años de experiencia en este tipo de visitas. “Nos espanta esta decisión sin precedentes”, afirmaron. “Es vital que los parlamentarios puedan ejercer su labor de observación e intermediación en contextos de conflicto”.
Este incidente ha profundizado el malestar entre ambos gobiernos, en un momento ya delicado para las relaciones internacionales por la situación humanitaria en Gaza y Cisjordania. Lammy reiteró que el gobierno británico “seguirá defendiendo el derecho de todos los parlamentarios a expresar sus opiniones y a desarrollar su trabajo sin restricciones, independientemente de su afiliación política”.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el episodio, advirtiendo que la expulsión de observadores internacionales representa un obstáculo para la transparencia y la rendición de cuentas en zonas de conflicto.
