El Salvador aprobó una reforma que entrará en vigor el 26 de abril de 2026 y que permite imponer cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años por la comisión de delitos graves. La decisión, impulsada por el presidente Nayib Bukele, ha generado una fuerte controversia a nivel internacional.
La medida fue avalada por la Asamblea Legislativa y aplica a crímenes como homicidio, violación y terrorismo. Además, establece la creación de tribunales especializados y contempla revisiones periódicas de las condenas, teniendo en cuenta la edad del menor y la gravedad del delito.
Esta reforma se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño, iniciada en 2022 bajo un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales con el objetivo de combatir a las pandillas. Desde entonces, más de 90.000 personas han sido detenidas en el país.
Hace un mes, El Salvador ya había dado luz verde a una reforma constitucional que habilita la imposición de la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo, consolidando así el endurecimiento de su política penal.
El gobierno defiende que estas medidas han contribuido a una reducción significativa de los homicidios y a la recuperación de la seguridad en las calles. Bukele ha sostenido que el sistema anterior permitía que menores involucrados en delitos graves actuaran con impunidad.
Sin embargo, organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han cuestionado la reforma al considerar que vulnera los derechos de la niñez y rompe con principios fundamentales de la justicia juvenil.
La aprobación de la cadena perpetua requirió modificar la Constitución salvadoreña, que anteriormente priorizaba la rehabilitación sobre el castigo permanente. Este cambio refleja una transformación estructural del sistema penal del país y consolida una política de “tolerancia cero” frente al crimen.
