Este 17 de diciembre, los chilenos por segunda fueron a las urnas para decidir cambios o no a la Constitución de ese país, sancionada en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1980.
Nuevamente los chilenos dijeron que no a la propuesta y con el 99,86% de los votos contados, más del 55% de los chilenos votó en contra, según los resultados del Servicio Electoral de Chile sólo alrededor del 44% votó a favor.
El presidente de ese país Gabriel Boric se pronunció al respecto de esta decisión de la mayoría chilena y destacó que “Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas ninguna logró representar ni unir a Chile en su hermosa diversidad.
El país se polarizó, se dividió, y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos”, señaló Boric en su mensaje a la nación.
Es importante recordar que la nueva propuesta que entró en consulta fue realizada por un Consejo Constitucional inclinado hacia la derecha y más de 15,4 millones de chilenos estaban obligados a acudir a las urnas ya que de acuerdo a la normativa chilena todos los ciudadanos inscritos y sin ningún tipo de inhabilidad deben presentarse a sufragar en cada elección en la que sean convocados.
Quienes no lo hicieran se arriesgaban a tener multas de entre 31.000 pesos (39 dólares) hasta los 180.000 pesos (227 dólares), las que deberán ser fijadas por un juez de policía local. Los que no se presenten al tribunal podrían recibir más sanciones económicas e incluso una pena reclusión nocturna.
El proceso de redacción de una nueva carta comenzó en 2020, después de que protestas a gran escala por la desigualdad y el costo de vida azotaran el país en 2019.
Sin embargo, algunos críticos destacaron que podría haber limitado los derechos reproductivos de las mujeres y permitido la expulsión de muchos inmigrantes irregulares.
Con respecto a la propuesta realizada el año pasado los medios internacionales señalan que fue escrito por una convención de tendencia de izquierda. Esa carta propuesta fue considerada una de las más progresistas del mundo y habría dado al Estado un papel de primera línea en la provisión de derechos sociales.