A menos de un mes de la toma de posesión del 10 de enero, que marcará un hito en el prolongado conflicto político venezolano, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado una reforma constitucional con el objetivo de «consolidar la soberanía nacional y la soberanía popular». Este anuncio perfila la estrategia del chavismo para la etapa que comienza con su inminente investidura, a la cual asistirá Edmundo González Urrutia, líder opositor asilado en España.
“He conformado un equipo con grandes asesores internacionales y nacionales para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana”, declaró Maduro en un acto político transmitido por televisión. Sin embargo, el mandatario no ha ofrecido mayores detalles sobre el alcance de la propuesta, que se interpreta como un movimiento para afianzar su permanencia en el poder.
Este recurso no es nuevo; en 2017, Maduro convocó una Asamblea Constituyente con el pretexto de pacificar el país en medio de protestas masivas que pedían su renuncia. La Constituyente, que se declaró plenipotenciaria, disolvió poderes opositores conquistados democráticamente y concluyó sus actividades en 2020 sin modificar la Constitución.
La reforma anunciada ahora genera escepticismo entre sectores críticos, quienes la ven como una maniobra para reforzar el control chavista en un contexto de crisis de legitimidad; mientras tanto, la comunidad internacional y los actores políticos en Venezuela esperan detalles sobre el alcance y las implicaciones de esta propuesta en la ya tensa situación política del país.
