Este martes, el Vaticano publicó su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, donde insta a acelerar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y reforzar el acompañamiento a las víctimas.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, creada en 2014 por el papa Francisco, presentó este informe como una «primera etapa» que documenta tanto los riesgos persistentes como los avances en los esfuerzos eclesiásticos para proteger a los niños y a adultos vulnerables.
Desde abril de 2022, la comisión trabaja en recopilar información confiable sobre la situación y las necesidades de cambio. El informe, liderado por el cardenal Sean O’Malley, presidente de la comisión, establece que los principios de “verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales” deben guiar esta labor; entre sus propuestas, sugiere la creación de un defensor del pueblo y un protocolo unificado para la definición de vulnerabilidad, tras recopilar testimonios de víctimas en diversas regiones del mundo.
En su informe, la comisión plantea como prioridad responder a la exigencia de las víctimas de tener acceso a la verdad, incluyendo el destino de sus agresores, para evitar el riesgo de encontrarlos en sus entornos religiosos. Sin embargo, el documento no especifica si los procedimientos deben iniciarse ante denuncias preliminares o tras un proceso judicial formal, civil o canónico.
El informe también destaca los desafíos culturales y administrativos que enfrenta la implementación de medidas de protección en diversas regiones. En África, señala, es necesaria una mayor sensibilización y capacitación, mientras que en países como México, las barreras culturales complican las denuncias de violencia sexual, obstaculizando el acceso a la justicia.
Desde el inicio de su pontificado en 2013, el papa Francisco ha impulsado diversas reformas, como la eliminación del secreto pontificio y la obligación de reportar sospechas de agresión sexual, aunque las asociaciones de víctimas consideran insuficientes estas acciones.
Señalan la falta de una obligación universal para el clero de denunciar delitos ante la justicia civil y critican la opacidad en el tratamiento de los casos.
Anne Barrett Doyle, codirectora de Bishop Accountability, organización que documenta abusos en la Iglesia, reitera la necesidad de una “verdadera tolerancia cero”, incluyendo la exclusión definitiva de sacerdotes acusados de agresión sexual y la publicación de sus nombres. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, concluye Barrett Doyle, apuntando que el papa Francisco aún muestra “una reticencia a la transparencia”.
