El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este jueves una serie de leyes que refuerzan las sanciones contra los inmigrantes indocumentados, incluyendo la imposición de la pena de muerte en casos de condenas por asesinato. Estas medidas alinean al estado con las políticas del expresidente Donald Trump en materia migratoria.
DeSantis calificó la legislación como «la más dura para mejorar la aplicación de las leyes y combatir la inmigración ilegal entre los cincuenta estados». Entre las nuevas normativas, destaca una disposición que obliga a imponer la pena de muerte a inmigrantes indocumentados declarados culpables de crímenes capitales, como el asesinato. «El tribunal impondrá una sentencia de muerte a un acusado que sea un extranjero no autorizado y que sea condenado o declarado culpable de un delito capital», señala el estatuto.
La legislación ha sido duramente criticada por miembros del Partido Demócrata en Florida. La representante estatal Dotie Joseph advirtió que esta ley implica que «porque eres un inmigrante, mereces más la muerte». Por su parte, el legislador Dan Daley cuestionó su constitucionalidad, argumentando que «no se puede dar automáticamente la pena de muerte a alguien, y ciertamente no basado en su estatus migratorio».
Otra de las medidas convierte en delito menor el intento de evitar el arresto por parte de inmigrantes indocumentados, imponiendo una pena mínima de 9 meses de prisión. Además, se creará una Junta Estatal de Aplicación de la Inmigración dentro del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, la cual coordinará esfuerzos con agencias federales y proporcionará espacios en prisiones estatales al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para la detención de migrantes.
Antes de firmar los proyectos de ley, DeSantis enfatizó que «Florida tiene la responsabilidad de ser un socio fuerte con la administración de Trump para restaurar el estado de derecho, eliminar a los extranjeros ilegales de nuestras comunidades y proteger la seguridad pública». Además, una resolución legislativa (SM 6C) reafirma el compromiso del estado de cooperar con las iniciativas migratorias de Trump, solicitando recursos federales para fortalecer la aplicación de la ley a nivel estatal y local.
La líder de la minoría demócrata en la Cámara estatal, Fentrice Driskell, criticó las leyes afirmando que «todo esto ha sido impulsado por el deseo de la mayoría de complacer a Donald Trump, sin tener en cuenta la Constitución estatal ni la federal”.
