El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de Nicaragua, como parte de una serie de medidas que buscan responsabilizar al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por la continua represión contra opositores, periodistas y ciudadanos.
La decisión fue anunciada este viernes 18 de abril, en el séptimo aniversario del inicio de las protestas sociales que, en 2018, fueron brutalmente reprimidas por fuerzas policiales y grupos afines al gobierno, dejando un saldo de más de 350 muertos y cerca de 2.000 heridos.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, quien también calificó de fraudulenta la reelección del binomio presidencial en 2021. Con estas nuevas sanciones, el número de funcionarios nicaragüenses castigados por Washington asciende a más de 2.000.
Rubio también advirtió sobre el papel de Nicaragua en temas migratorios, acusando al régimen de utilizar la inmigración como una herramienta política y de facilitar el paso de migrantes ilegales hacia Estados Unidos. Por otro lado, organismos de la ONU identificaron recientemente a más de 50 altos cargos del Estado nicaragüense como responsables de crímenes sistemáticos contra la población.
