Desde la Gobernación de La Guajira se estudia la necesidad de someterse a una ley de reestructuración financiera, debido a la grave crisis que afronta el Departamento por la cantidad de embargos y demandas provenientes de varios sectores económicos.
“La grave crisis financiera que durante varios años ha venido trayendo el Departamento es una realidad no desconocida que se generó desde el momento en que se redujo el valor de las regalías. Fue un departamento que en ese momento no hizo ajustes en sus gastos y siguió gastando lo mismo que gastaba antes pero con la mitad del ingreso y eso lo ha llevado a ir acumulando deudas con distintos sectores”, dijo el gobernador Nemesio Roys Garzón a periodistas de Diario del Norte y Cardenal Stereo.
El mandatario manifestó que desde el inicio de su gobierno tiene claro que “no hay forma de que este departamento logre reestructurarse y salir adelante si no tiene un programa de saneamiento o reestructuración de sus pasivos”.
Por esto tiene en cuenta distintas modalidades como Saneamiento y Ley 550, medidas que para él, “hoy son diferentes”.
“Ustedes se acuerdan que la Ley 550 lo que permitía era coger todos los recursos para la deuda y al funcionamiento básico, hoy a raíz de la modificación de la Ley de Regalías esos recursos no pueden ser tocados por la Ley 550 y eso es lo que permitiría organizar todo el tema administrativo y por el otro lado seguir haciendo inversiones pero eso es un tema que estamos analizando”, afirmó.
Agregó el gobernador que, incluso, lo anunció en la última sesión de la Asamblea, “es algo que tenemos que analizar porque este año tenemos que tomar una determinación porque no hay forma de que el Departamento siga sometido a embargos, hoy casi todas las cuentas de la Gobernación se encuentran embargadas y cualquier esfuerzo que se haga en tema de recaudo inmediatamente cae en una cuenta embargada y eso no permite tener mayor movimiento”, puntualizó.
Sobre esto, el exdiputado Idelfonso ‘Poncho’ Medina fue claro en decir que el Departamento al día de hoy tiene alrededor de 600 demandas provenientes de los distintos sectores.
“El departamento de La Guajira tenía que ajustarse al nuevo escenario financiero que imponía las regalías, porque su presupuesto de gastos en un 85% está basado en lo que era transferencia de regalías; al día de hoy no ha hecho caso de eso e incluso ordenanzas como la 214 (gratuidad de la educación) que se sostenía y se financiaba netamente con recursos de regalías, hoy se encuentra desfinanciada, yo he dicho que literalmente derogada, porque una ordenanza que se le corta su componente financiero, lógicamente que no se encuentra apta para cumplir su objetivo social”, sostuvo.
El dirigente político hizo claridad que el Departamento debe honrar sus pagos y “eso no es evadir la responsabilidad que tiene con sus acreedores”.
Explicó que cuando una entidad privada o pública se somete a la estructuración de pasivos o Ley 550 no es para evadir embargos sino para recuperar la capacidad de pago.
“La reestructuración de pasivos es para recuperar la capacidad de pago que se ha pedido y la misma ley lo dice que se deben someter a ella quienes tengan dos cuentas con más de 90 días atrasadas y quienes tengan dos demandas judiciales en firme. El Departamento viene desde hace muchos años incumpliendo por muchos más tiempos de estos 90 días y tiene más de dos demandas judiciales, es más, tenemos casi 600 demandas”, apuntó.
Al final dijo que cree firmemente que la Gobernación tiene derecho a hacer un balance y poder decir, “tengo desfinanciada la ordenanza 214 voy a reorganizar los recursos para poder cumplir con esa política pública educativa, muchos piensan que la Ley 550 es entregar el Departamento al Ministerio o dejar que otros sean los que gobiernen y no, hacemos es ordenar, hacer una lista de acreedores y recuperar su capacidad de pago”.