El sostenimiento y mantenimiento de los sistemas de agua es una de las preocupaciones de los alcaldes de La Guajira, especialmente de los de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha.
Esa preocupación recientemente fue reafirmada por el alcalde de Manaure, John Pimienta, cuando fue inaugurado el centro de abastecimiento de agua potable del corregimiento de La Gloria, donde más de 2.000 familias se beneficiarán y que fue construido gracias a la alianza del gobierno departamental de La Guajira y del nacional.
Debido a ello, se está trabajando desde el Gobierno nacional en constituir el Instituto del Agua para garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de los sistemas de agua de La Guajira respetando las competencias y la autonomía de los entes territoriales y del departamental.
La propuesta es bastante interesante, y debe ser resultado del consejo entre las autoridades territoriales, el gobierno departamental, nacional y las propias comunidades que han padecido en muchas ocasiones por la falta de agua porque simplemente nadie responde por el mantenimiento de los sistemas de agua.
No debe existir ningún asomo de permear la iniciativa para convertirla en un ente burocrático para satisfacer los apetitos políticos del gobierno de turno, porque de ser así estaría fracasando.
Este debe ser un ente eminentemente técnico, que camine de la mano de las comunidades quienes conocen los territorios y todo lo que sucede alrededor de los sistemas.
Es cierto que aún hay mucho por trabajar para garantizar que todos los guajiros tengan acceso al agua potable, por ello aunar los esfuerzos entre el Gobierno nacional, el departamental y los territorios es la clave para cumplir con ese objetivo.
La garantía de agua potable es un derecho para la gente, y las instituciones están en el deber de garantizarlo de allí que todos los esfuerzos son bienvenidos.
Es un servicio clave para que la gente disfrute de una mejor calidad de vida, además es la garantía para evitar que los menores mueran por desnutrición, de allí que la Corte Constitucional ordenó ese derecho a través de la sentencia T 302 de 2017 que deben cumplir el Gobierno nacional, el departamental y los municipios de Maicao, Uribia, Manaure y el Distrito de Riohacha.
De allí que sostener y mantener los sistemas de abastecimiento en las comunidades es una necesidad, por eso el Instituto del Agua que se plantea lo cumpliría para el lograr ese derecho fundamental.