A próximos días de vencerse la fecha para que los candidatos a las diferentes corporaciones públicas se inscriban para participar de las elecciones regionales del 29 de octubre de este 2023, sigue la preocupación de los guajiros sobre posibles inhabilidades.
Es el caso de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, del comerciante Santander Santa Lopesierra, y de la exalcaldesa de Uribia, Cielo Redondo.
Aunque los tres aspirantes insisten en que no están inhabilitados por consultas realizadas a expertos, la situación no deja de ser delicada y compleja.
En el caso de la exgobernadora, Oneida Pinto Pérez, quien aspira a la alcaldía de Albania, y como ella misma lo ha explicado, enfrenta un juicio por contratación que aún no termina, y que al final podría serle favorable o no. La exgobernadora es investigada por presuntas irregularidades en contratos de obras y salud.
En tanto, a la exalcaldesa Cielo Redondo, la investigan por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público por presuntas irregularidades en la ejecución y liquidación del contrato 053 celebrado en el 2010, que tenía como objetivo el suministro de víveres, alimentos y enseres para atender a la población wayuú afectada por la ola invernal.
La situación del comerciante Santander Santa Lopesierra, también llama la atención quien aspira a la alcaldía de Maicao, muy a pesar de su condena en Estado Unidos por narcotráfico donde pagó 18 años de cárcel.
Algunos abogados consideran que Santa Lopesierra Gutiérrez, se encuentra inhabilitado, toda vez que en el artículo 122 de la Constitución, en el capítulo II de la Función Pública, se indica: “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.
La Guajira no merece nuevamente verse inmersa en casos de candidatos elegidos que posteriormente son demandados, cuando ellos mismo en un acto de amor por el territorio deben hacerse a un lado para evitar resquebrajar la institucionalidad.