Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Superior de Riohacha ordenó a la Alcaldía de San Juan del Cesar, a la Gobernación del Departamento y a las autoridades carcelarias, suministrar la alimentación de forma diaria y permanente a 22 personas privadas de la libertad quienes permanecen en la estación de Policía del municipio.
En fallo de segunda instancia, el tribunal confirmó la petición del Procurador 265 Judicial de San Juan del Cesar, quien solicitó el amparo a los derechos fundamentales a la salud y la dignidad humana de las PPL, quienes se encuentran en ese lugar en condiciones de hacinamiento y sin recibir de manera continua el servicio de alimentación.
En la decisión, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal ordenaron, además, acoger los requerimientos hechos por el Ministerio Público para que no se interrumpa el contrato de servicio de alimentación a las PPL y se les practique una valoración médica para determinar las afectaciones de salud que han padecido por las condiciones en las que se encuentran, y aclararon que esas garantías aplicarán para todas las personas que sean privadas de la libertad y recluidas en ese lugar.
Puntualizaron en el fallo que, de acuerdo con el material fotográfico aportado por el Ministerio Público, “se advierten las condiciones de hacinamiento y de insalubridad en las cuales se sostienen los detenidos en la estación de Policía accionada, lo que ratifica que en efecto no cuentan con la infraestructura y logística adecuada para proveer las condiciones mínimas de higiene y salubridad para una detención prolongada, todo lo cual impone confirmar el proveído recurrido”.
Las órdenes emitidas en el fallo de tutela también fueron dirigidas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec– y a la Cárcel de Mediana Seguridad de Riohacha.
