La Corte Constitucional recibió una tutela en la que se solicita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que proporcione detalles sobre los gastos relacionados con la contratación de personal para la primera dama, Verónica Alcocer.
El magistrado Alejandro Linares presentó una insistencia de revisión para que la Sala Plena de dicho tribunal considere la posibilidad de examinar el expediente de la tutela. En el documento presentado, se explica que la solicitud de información fue realizada por un periodista a través de un derecho de petición.
Sin embargo, al recibir la respuesta del Dapre, la entidad afirmó no tener registros de un cargo relacionado con la primera dama. El magistrado citó: «Dentro del organigrama de la entidad y el manual de funciones vigente, no se encuentra el cargo de Primera Dama de la Nación y, por la misma razón, tampoco se cuenta con personal que preste sus servicios a la misma».
El accionante consideró que esta respuesta vulneraba sus derechos a la petición y acceso a la información pública, por lo que decidió convertir la solicitud en una acción de tutela para que la entidad sea obligada judicialmente a entregar los datos requeridos.
El magistrado Linares considera que este tema debe ser revisado por la Corte, ya que se trata de un asunto novedoso que permitiría discutir el acceso a la información mediante solicitudes, además argumenta que es una oportunidad perfecta para analizar el alcance y el contenido del ejercicio periodístico relacionado con la divulgación de información pública, en caso de que se demuestre que se destinaron recursos a la Primera Dama.
«La Corte podría examinar si la divulgación de la información sobre la gestión de recursos a cargo de la primera dama, en caso de existir, hace parte del discurso político o de interés público o si, en sentido contrario, tales datos no hacen parte de las categorías anotadas», añadió Linares.
Finalmente, el magistrado resaltó que, según una sentencia de la Corte Constitucional en 1994, la primera dama no ostenta una función pública ni forma parte del Dapre, por lo que considera necesario discutir la tutela para revisar el concepto del «cargo» de Verónica Alcocer.
La revisión de esta tutela por parte de la Corte Constitucional podría sentar un precedente importante en relación con el acceso a la información y el ejercicio periodístico en el ámbito de la divulgación de información pública.
