La JEP dialogó con más de 20 entidades del orden nacional, territorial y local en una diligencia judicial para conocer la oferta institucional y financiera existente para la implementación de los proyectos restaurativos que tendrán que realizar los comparecientes para contribuir a la restauración de las víctimas de asesinatos y de-sapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en la Costa Caribe.
La jornada, que se realizó este 30 de julio en las instalaciones de la Jurisdicción en Bogotá, fue liderada por la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, una instancia del Tribunal para la Paz de la JEP, en el proceso de juicio que se adelanta contra doce exintegrantes de la fuerza pública que aportaron verdad y aceptaron responsabilidad por los crímenes cometidos en esta zona del país.
La diligencia tenía como fin identificar proyectos, programas y planes que estén en curso o previstos por las entidades y territorios en el norte del país; y que tengan potencial para restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y los territorios afectados durante el conflicto armado. Al mismo tiempo, las magistradas y magistrados buscaban evaluar condiciones y garantías logísticas y presupuestales para su ejecución.
Durante la jornada, la Sección escuchó las propuestas y recogió insumos para definir los proyectos restaurativos. La convocatoria también buscaba generar un espacio de coordinación entre las entidades participantes, con miras a implementar trabajos, obras y actividades restaurativas a las que estarán vinculados los comparecientes de este subcaso. Todo esto, en el marco de la emisión de la sentencia y la activación de los mecanismos de reparación integral de las víctimas.
A partir de la audiencia, el despacho de la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias analizará en detalle toda la información presentada y estará informando en cada caso los pasos a seguir. De ser necesario, se convocará a mesas de trabajo puntuales para poder avanzar en la formulación de los proyectos con los estándares técnicos exigidos por la Secretaría Ejecutiva de la JEP en el marco de implementación del Sistema Restaurativo.
“Nosotros tenemos el reto de emitir sentencias que tengan aptitud de construir paz. Son sentencias que se pondrán a prueba, y solo la voluntad de todos puede hacer que ellas cierren heridas y reparen las huellas de la barbarie”, dijo al cierre de la diligencia la magistrada Ana Manuela, ponente de este subcaso en la Sección. Según dijo, las sentencias que impondrá el Tribunal para la Paz solo pueden hacerse realidad “si todo el Estado acompaña la reparación” y pone “a disposición de la JEP sus programas misionales para (…) asumir el reto de acompañar a las víctimas a salir de las trampas de pobreza perpetuadas por la combinación nefasta entre violencia y abandono”.
Entre las entidades convocadas estuvieron la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; los Ministerios de Justicia, Ambiente, Defensa, Igualdad e Interior; la Agencia de Reincorporación y Normalización, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, gobernaciones de Atlántico, Cesar, La Guajira y las alcaldías de San Juan del Cesar (La Guajira), Valledupar y Agustín Codazzi (Cesar), Luruaco (Atlántico).
