La posibilidad de liquidar a Air-e, planteada recientemente por el presidente Gustavo Petro, generó preocupación en distintos sectores económicos de la región Caribe. Desde Intergremial Atlántico se advirtió que una decisión de este tipo, sin una estrategia definida para garantizar la continuidad del servicio, podría afectar la estabilidad energética de millones de usuarios.
El presidente ejecutivo de la organización, Efraín Cepeda Tarud, manifestó que actualmente no existen las condiciones necesarias para adelantar una liquidación de la compañía, debido a que no se ha identificado un operador con la capacidad técnica y financiera suficiente para asumir de manera inmediata el mercado que atiende la empresa.
Asimismo, señaló que antes de tomar una determinación de esa magnitud es necesario resolver las obligaciones acumuladas durante el proceso de intervención y establecer un marco jurídico que permita ejecutar cualquier transición sin poner en riesgo la prestación del servicio. Según indicó, en este momento no existe una hoja de ruta clara que brinde garantías sobre el futuro de la operación.
Desde la veeduría ciudadana que hace seguimiento a la intervención de Air-e también expresaron inquietud frente al anuncio presidencial, al considerar que una medida de este alcance debe estar respaldada por estudios técnicos y mecanismos que protejan la seguridad energética de la región y del país.
Actualmente, Air-e presta el servicio de energía a cerca de 1,3 millones de usuarios ubicados en los departamentos de Atlántico y La Guajira, así como en municipios del centro y norte del Magdalena, por lo que cualquier modificación en su operación tendría impacto sobre una amplia población del Caribe colombiano.
