La intención del Gobierno nacional de liquidar a Air-e ha generado preocupación entre gremios, expertos del sector energético y representantes de los usuarios, quienes advierten posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía para millones de habitantes de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La controversia surgió luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara que busca liquidar la compañía para integrar sus activos con otra empresa pública de la región Caribe. Sin embargo, diversos sectores consideran que la propuesta deja interrogantes sobre la viabilidad jurídica, financiera y operativa de la medida.
Air-e permanece bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos desde hace cerca de dos años. Durante ese periodo, según cifras expuestas por gremios y veedurías ciudadanas, la deuda de la compañía pasó de aproximadamente 530.000 millones de pesos a cerca de 2,3 billones de pesos.
La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, integrada por organizaciones empresariales y cámaras de comercio de la región, señaló que cualquier proceso de fusión o integración empresarial requeriría múltiples autorizaciones regulatorias, además de complejos trámites financieros y corporativos que podrían extenderse durante varios años.
La preocupación aumenta debido a la proximidad de un nuevo periodo asociado al fenómeno de El Niño, que podría reducir la generación hidroeléctrica y aumentar la presión sobre el sistema energético nacional. Según los gremios, el país requiere estabilidad en el sector y no incertidumbre sobre la continuidad del servicio.
Representantes de empresas generadoras de energía también advirtieron que una liquidación formal podría derivar en la suspensión inmediata de las operaciones de la compañía, situación que pondría en riesgo el suministro para cerca de 1,3 millones de hogares en los tres departamentos atendidos por Air-e, si previamente no se define un operador que asuma la prestación del servicio.
Expertos del sector han alertado además sobre un posible impacto financiero para toda la cadena energética nacional debido a las obligaciones acumuladas por la empresa intervenida con generadores térmicos, hidroeléctricos y compañías transportadoras de energía.
A estas preocupaciones se suman observaciones realizadas por organismos de control, que en los últimos meses han advertido sobre el deterioro financiero de la compañía y los riesgos que representa para la estabilidad del mercado eléctrico colombiano.
Mientras tanto, líderes gremiales, representantes de usuarios y congresistas han solicitado al Gobierno aclarar cómo se garantizará la continuidad del servicio, quién asumirá las obligaciones pendientes y cuál será el mecanismo para evitar que la región Caribe enfrente nuevas dificultades en materia energética.
