La Contraloría General de la República abrió un nuevo proceso de responsabilidad fiscal en relación a Reficar, esta vez en cuantía de $942.795 millones, por daño al patrimonio del Estado.
Esto, representado en gastos efectuados por la Refinería de Cartagena por fuera del periodo de inversión (Capex) y llevados como asociados al proyecto de modernización de la planta de junio a diciembre de 2015 (US$ 9.240.927) y de los años 2016, 2017 a 2018 (US 12.447.618) en los cuales no se distingue cuál fue su destinación, ni su destinatario.
De igual manera, fueron aprobados como financiación de la Refinería Musd 268.71 que, dentro de las cuentas asociadas al proyecto donde se registraron la totalidad de las erogaciones realizadas en el periodo de ejecución del mismo y en los posteriores, no se encuentran reflejados en su ejecución y gasto.
Las siguientes son las personas vinculadas como presuntos responsables fiscales al proceso adelantado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR:
Reyes Reynoso Yánez, presidente de la Refinaría de Cartagena entre el 12 de noviembre de 2012 al 24 de julio de 2016; Adolfo Tomas Hernández Núñez, presidente (e) de la Refinería de Cartagena entre el 25 de julio de 2016 al 9 de diciembre de 2016.
Amaury Enrique De La Espriella Martínez, presidente de la Refinería de Cartagena entre el 12 de diciembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2019; Carolina González Carrillo, vicepresidenta Financiera de la Refinaría de Cartagena entre el 13 de enero de 2014 al 9 de julio de 2016; Mauricio Ramírez Terrassa, vicepresidente Financiero (e) de la Refinería de Cartagena entre el 1 de agosto de 2016 al 21 de noviembre de 2016.
Jaime Eduardo Caballero Uribe, vicepresidente Financiero de la Refinería de Cartagena entre el 15 de noviembre de 2016 al 18 de julio de 2017; Ana Isabel Choucair Cardenas, vicepresidenta Financiera (e) de la Refinaría de Cartagena entre el 19 de julio de 2017 al 14 de noviembre de 2017 y Fernando Cordón López, vicepresidente Financiero de la Refinería de Cartagena entre el 15 de noviembre de 2017 al 30 de septiembre de 2019.
Como entidades afectadas en el proceso se encuentran Reficar y Ecopetrol.
