La Contraloría General del Magdalena abrió contra el gobernador Carlos Caicedo y otros funcionarios, cinco procesos de responsabilidad fiscal por contratos de más de $4 mil millones realizados para atender la emergencia de la pandemia.
Se estableció que en las investigaciones preliminares se hallaron unas presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, traduciéndose en el quebrantamiento de los principios de la planeación y ejecución.
Dentro de los procesos, tres hacen referencia a contrataciones por valor aproximado a los $3 mil 065 millones 968 mil 095 para el alquiler de transporte de carrotanques y surtir de agua potable a los municipios por el lapso de 45 días.
Asimismo, hay un contrato por valor de $400 millones para el transporte de mercados solidarios.
El mandatario también se ve involucrado en un contrato para la adquisición de tanques de 1.000 litros para el almacenamiento de agua por $707 millones, los cuales fueron instalados con el fin de garantizar el líquido en las áreas rurales del departamento, pero que a la fecha no se encuentran en uso, dejando un vacío sobre la custodia de los mismos.