La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar por los retrasos en las obras del proyecto vial La Gran Vía, una de las intervenciones de infraestructura más importantes del área metropolitana de Barranquilla. La investigación busca establecer posibles responsabilidades fiscales en la ejecución del contrato, que se ha extendido por varios años y ha generado inconformidad entre comerciantes y comunidades del sector.
El ente de control indicó que la indagación abarca el periodo de las administraciones de la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y del actual mandatario departamental, Eduardo Verano, con el fin de determinar si hubo irregularidades en la planeación, ejecución y supervisión de la obra.
Según la Contraloría, la revisión se centra en los retrasos acumulados, los posibles sobrecostos y el impacto del proyecto en la movilidad y la actividad económica del corredor intervenido.
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Retrasos, prórrogas y afectaciones económicas
La Gran Vía, que conecta sectores estratégicos del norte de Barranquilla y Puerto Colombia, ha sido objeto de múltiples prórrogas desde su inicio. El proyecto, adjudicado en 2022, debía ser entregado inicialmente en 2024, pero su culminación se ha aplazado hasta 2026, lo que ha generado críticas por la demora y las molestias para residentes y comerciantes.
Organizaciones comunitarias y comerciantes han denunciado que los retrasos han afectado el flujo de clientes y han provocado caídas significativas en las ventas, mientras que la obra inconclusa ha generado congestión vehicular y problemas de accesibilidad en la zona.
Supervisión y responsabilidades bajo la lupa
La Contraloría explicó que la indagación preliminar permitirá recolectar información para establecer si existen hallazgos con incidencia fiscal o disciplinaria. El proceso incluye la revisión de contratos, interventorías y decisiones administrativas adoptadas durante las gobernaciones de Noguera y Verano.
Además, funcionarios del ente de control han programado visitas técnicas y reuniones con autoridades departamentales, contratistas y comunidades para verificar el estado real de la obra y las causas de los retrasos.
Mientras avanza la investigación, la Gobernación del Atlántico ha reiterado que el proyecto será finalizado en los próximos meses y que se han tomado medidas para acelerar los trabajos, en medio de la presión de los sectores afectados por el prolongado desarrollo de la obra.
