La represa del río Ranchería ha sido un anhelo soñado por los guajiros. No es para menos, se trata de una gran fuente de agua que se utiliza como medio indispensable de la vida humana, animal y vegetal.
Es inconcebible que se sufran rigores por ausencia y escasez de agua en La Guajira, cuando disponemos de siete fuentes hídricas ribereñas, adquiriendo el preciado líquido en alto precios, comprándolo a los vehículos surtidores y en ventas al detal, cuando tenemos estupenda presa o alberca gigante repleta con 200 metro cúbicos de agua utilizables para abastecer el servicio de los acueductos de por lo menos siete municipios, que a gritos y de manera urgente, requieren y necesitan del suministro de agua de manera permanente en viviendas urbanas de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania y Maicao.
La represa está diseñada con distritos de riegos en beneficios de la agricultura, ganadería e industrialización de productos derivados de cultivos cosechados.
El costo de terminación y operación de la represa puede oscilar en UD$300 millones de dólares al cambio de moneda colombiana, resulta un billón que no es nada para la utilidad del servicio, compensable con recursos naturales extraído en territorio peninsular La Guajira, minería de carbón, gas y sal marina durante muchos años. El valor de la inversión para la terminación de las obras es subsanable con los pagos del servicio de aguas por usuarios urbanos y rurales en concordancias con los volúmenes consumidos.
En Colombia, mediante decretos 1915/2017 se dispuso en funcionamiento el mecanismo de pago de impuestos por obras, tales como infraestructura vial, salud pública, agua potable, alcantarillado y energía, destinando hasta el 50% de los impuestos por conceptos de rentas, IVA e Industria y Comercio, entre otros. La ley 1883/17 vinculó a las empresas mineras que estaban excluidas por disposición de ley 1819/ 2016, para favorecer territorios mineros.
Cerrejón, Ecopetrol y comunidad del Cerrejón son grandes contribuyentes del impuesto de rentas por las explotaciones de carbón e hidrocarburo en La Guajira y el territorio nacional, que pueden aportar por vigencias fiscales el 40% del valor de las obras para terminarlas, con el impuesto de renta liquidados. Sería de magnífica utilidad que en menos de tres años, tendríamos la operación deseada, por un lado. También por aportes de regalías de carbón y gas, retribuyendo parte del robo del mencionado derecho, que el gobierno Juan Manuel Santo les arrebató a los territorios mineros.
Con este sencillo análisis expongo alternativas para concluir obras si tenemos facilidad y facultad de conseguir recursos económicos mediante acuerdos mancomunados entre departamentos, las multinacionales y alcaldías. También podrían intervenir organizaciones políticas, fundaciones y veeduría ciudadana de manera consolidadas en apoyo a las obras que deben realizarse para que la represa del Ranchería deje de ser un “Elefante Blanco” y los habitantes de La Guajira por fin tengamos garantías de gozar del servicio de agua de manera continua.
