A propósito del proyecto de Ley que busca modificar o eliminar la Ley de Garantías, debate adelantado en el Congreso de la República en días pasados, se devienen situaciones jurídicas y de procedimientos que busque garantizar el control previo Constitucional al trámite surtido.
Argumentan en debate «del estudio de las restricciones que se desprenden de los artículos 32, 33 y 38 de la Ley 996 de 2005 se evidencia una hiperlimitación que afecta la operatividad de las entidades estatales, pero principalmente de la efectiva prestación de la gestión administrativa en las entidades territoriales», debido a las restricciones que impone en materia de contratación, entre otras, a las entidades nacionales y territoriales cuatro meses antes de las elecciones. Este proyecto fue radicado con mensaje de urgencia que permita que las modificaciones alcancen a entrar para las elecciones del 2022.
Menester indicar, la Ley de Garantías es una Ley que guarda jerarquía estatutaria, es decir para modificarla o derogarla no es suficiente con la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. Ibídem, requisito “si ne qua non”, la revisión previa de forma y de fondo por parte de la Corte Constitucional, antes de ser sancionada y promulgada.
“(…) Artículo 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la asequibilidad del proyecto”.
Dicho esto, al lograr suspenderla por ley ordinaria se configura un presunto prevaricato y trasgresión a la Constitución Política, tratándose de eludir el control previo constitucional.
Lo primero en recordar, la Ley de Garantía ha sido instituida en la Ley 996 de 2005, busca prohibirles a los gobernadores, alcaldes, secretarios, entre otros servidores de entidades estatales del orden departamental, distrital y municipal, constituir o celebrar contratación pública mediante la modalidad de contratación directa, bien sea a través de contratos de prestación de servicios y convenios interadministrativos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección.
Por supuesto, revisar a fondo cómo la Ley 996 de 2005 impide que las entidades públicas ejecuten de manera efectiva su presupuesto y los programas de beneficio para la comunidad o por el contrario inyectar mejor y mayor fluidez de recursos en el marco de un contexto electoral.
Insisto, la gestión pública no se puede paralizar, sin embargo no se puede eliminar de manera a contrarreloj medidas incluidas en esta Ley de Garantías sobre financiación de campañas políticas, pues traería riesgos de “corrupción complejos, como la eliminación de topes y controles a aportes de particulares a campañas presidenciales y la prohibición del uso de recursos públicos para actividades políticas”.
De manera que, el país está atravesando por un sin número de denuncias y conductas reprochables originadas por personas obsesionadas en las prácticas de corrupción ante el Estado. Considero que la propuesta de eliminar esta Ley en víspera de elecciones, promueve fraudes contractuales, empoderamiento a la maquinaria política conexos a la censura de votos. Amanecerá y veremos el proselitismo.
Por otra parte, es la contratación directa, en el contexto sensato aquellos que necesitan reactivar su economía ante el quebranto de muchas personas cabezas de familias subsistiendo la travesía de la falta de oportunidad, muchas veces no son merecedoras de una oportunidad de ingreso. Por el contrario, el proselitismo se aferra a la continuidad y la próspera reactivación de lo mismo.
Memoria del año 2015, el entonces senador Iván Duque manifestó: “quieren acabar la Ley de Garantías para que la mermelada se irrigue de cara a las elecciones regionales. Y hoy el presidente Iván Duque de 2021, tiene e impulsa una postura contraria a su defensa cuando fue legislador.
El proyecto goza del respaldo del Gobierno nacional, a través del mensaje de urgencia, con la intención particular y subjetiva jurídica de no activar restricciones a la contratación pública para gobernaciones y alcaldías en noviembre próximo. Ahora bien de lo expuesto; bienvenido toda clase de debates que busque y logre enterrar la extralimitación de poder. Estos trámites y discusiones proceden en tiempo, modo y lugar, de manera concertada y sensata, pensando en la justicia del fin público, generando equidad y confianza institucional a la ciudadanía que ha sido azotado por muchas décadas en la pobreza.
Un llamado a los dirigentes políticos de nuestra Guajira. Más sensatez a los recursos asignados al Departamento. Por décadas ha quedado el sin sabor de tantos proyectos impulsados en campañas electorales y la Alta Guajira muriéndose de hambre.
Este Departamento tan rico en cultura y recursos naturales, necesita un cambio, pueblo guajira despierta y arriésgate a decidir mejor y a renovar lo mismo de lo mismo, por supuesto que es posible. Si bien es cierto, los gobernadores y alcaldes enfrentan los cambios presupuestales causadas por la pandemia. No obstante, la falla de liderazgo político, la falta de gestión y eficacia por las necesidades prioritarias de programa ha conllevado al estancamiento de los mismos y la desilusión que no representa a hoy a sus electores.
Impera insistir, los efectos negativos de la institucionalidad continúan. Conductas ajenas al buen proceder se siguen registrando, contratistas de mala fe que buscan censurar los principios rectores de la función pública persisten, las malas prácticas de corrupción en ciertas entidades florecen. Se requiere modificar las leyes endurecer y mejorar con antecedentes transparente y confianza a la institucionalidad y la sensatez por quienes ostentan la calidad de ordenadores del gasto en las entidades, esto que carcoma los recursos de la contratación en Colombia por décadas.
Corolario: preguntarnos y juzguemos ¿al modificar o eliminar la Ley de Garantías, es garantía que en el país se ejecuten los recursos con eficacia y no con proselitismo, a cambio de una sensata reactivación per cápita? No más falacias e ignominia, más sensatez por la población electoral que hemos confiado en principio de la buena.
