Sigue haciendo carrera en el derecho penal los testimonios de personas extremadamente locuaces, quienes cuentan los más mínimos detalles de las circunstancias en las que se dieron hechos que son motivo de investigación por parte de la Fiscalía, que aporta estos declarantes como pruebas contundentes para responsabilizar al imputado o acusado con la promesa de retribuirle beneficios como principios de oportunidad o rebaja en el monto de la condena.
Como en una estructura hecha con fichas de dominó, uno a uno los dichos de los testigos se van derrumbando cuando se contrastan con pruebas científicas o elementos materiales probatorios recaudados con la diligencia debida y lo que antes se presentaba en el juicio con alto grado de certeza, pasa a ser un indicio o una versión desvirtuada que lo único que logra es confundir al fallador.
Hay redes dedicadas a esta práctica que son utilizadas para retaliaciones, obtener beneficios por colaboración con la justicia o extorsionar con exigencias de dinero a cambio de no hacer incriminaciones en la participación de delitos.
La estructura actual del sistema penal acusatorio facilita la actuación de los falsos testigos. Se fundamenta en negociaciones de penas para lograr confesiones que permitan resolver los casos más rápido y llegar a todos los eslabones de las organizaciones criminales. Ellos se acogen al principio de oportunidad y obtienen la suspensión de los cargos. Incluso se tienen en cuenta testigos de oídas, que son terceros que cuentan lo que escucharon de los hechos.
Hace siete años la Fiscalía creó la unidad especializada para investigar a estos expertos en dar declaraciones falsas, pero es insuficiente para adelantar todas las indagaciones que están pendientes. En los expedientes aparecen testimonios de una persona en diferentes asuntos, como si tuvieran el poder de la omnipresencia para certificar hechos ocurridos en distintas circunstancias.
Más allá de los casos que han tenido relevancia en los medios de comunicación, lo preocupante son los procesos en contra de empresarios, comerciantes y pequeños y medianos productores. Estas causas representan la mayoría de las investigaciones y tienen a las víctimas de los extorsionistas en los centros de reclusión. También son alarmantes las condenas impuestas a personas acusadas por los falsos testigos, que lograron la credibilidad de los jueces debido a la falta de pruebas contundentes que desmintieran las afirmaciones elaboradas con mentiras.
En ese aspecto la Fiscalía ha pecado por la falta de rigor en sus indagaciones, explicable porque no hay investigadores suficientes.Para complicar un poco más el panorama de las víctimas, entre los procesados por este delito se encuentran policías, fiscales y abogados litigantes que se aliaron para construir un juicio con base en invenciones o verdades acomodadas.
En su mayoría esta clase de testigos son desmovilizados o exintegrantes de organizaciones de narcotráfico, con quienes se debería tener cierta reserva por pertenecer a grupos de delincuencia que nada tienen que perder al momento de dar una declaración, por eso sus versiones deben ser contrastadas.
