Ante lo denunciado y visto en los medios el país sigue atento. La supremacía del Congreso le impera hacer respetar los recursos públicos de las poblaciones más vulnerables. Por supuesto, también a los entes de control en su deber funcional y competente. ¡Amanecerá y veremos! Los escándalos reprochables del PAE y el MinTIC tienen connotación grave, en materia contractual, fiscal, disciplinaria, penal y política.
En un informe de la misión de observación electoral –MOE–, de estos sectores preferidos los corruptos se roban a Colombia: I) 18% en infraestructura, II) 14% en educación, III) 13% contratos de prestación, IV) 11% en servicios públicos, V) 9% en salud, VI) equipamiento, VII) vivienda.
Sin embargo, entre 1991 y 2017, más de 600 políticos condenados, 337 han sido sancionados por la Corte Suprema de Justicia, 161 por la Procuraduría General de la Nación, 128 por la Contraloría General de la Nación, mientras que 32 se han dictado desde el Consejo de Estado y 21 por Tribunales, sin incluir aquellos corruptos, entre 2018 y 2021.
A mi pensamiento recuerdo las prácticas reprochables por los carruseles de la contratación en Bogotá, Odebrecht, obras públicas inconclusas en detrimento a lo largo del territorio nacional y esta última, daños post contractuales al aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.
No obstante, si un despilfarro es insólito el desfalco es insensato en cualquier obra pública extralimitando los principios de planeación, moralidad, los fines del Estado, desconociendo el altruismo al igual que los principios generales que rigen al ejercicio de la función fiscal y administrativa, contenidos en los artículos 29, 209 y 267 de la Constitución Política y la Ley 1474 de 2011, orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Reflexionemos y hagamos un alto: ¿Las multas y condenas de privación de libertad de esos agentes corruptos han resarcido el daño que causaron al presupuesto público? ¿Por qué la ciudadanía no coge escarmiento con esos escándalos de corrupción, es necesidad de ambición o simplemente son conductas inherentes de personas corruptas?
Tal vez, ¿se sancione un proyecto de ley que contemple que aquellos particulares, servidores públicos y funcionarios condenados por corrupción no puedan gozar de beneficios ni amnistía total? Por supuesto que no ocurrirá, no conviene abandonar las mermeladas y la burocracia.
Entonces, se infiere, una reforma rigurosa a la Legislación es la que necesita Colombia en analogía con la ley americana, solución inmediata para muchos en constantes prácticas censurables y recordando el sermón presidencial “el que la hace la paga”, solo discurso.
Esta insensibilidad produce vergüenza, dolor de patria cuando se ven noticias que se roban los dineros públicos, ¿cuántos niños se duermen sin gozar sus derechos y sin comer? Siendo Colombia un país con muchas brechas sociales y desigualdades económicas. Según el Dane, casi la mitad de la población del país vive en condición de pobreza.
El Programa de Alimentación Escolar –PAE– es un proyecto del Ministerio de Educación Nacional y su misión es el desarrollo integral de niños y niñas, suministrando un complemento alimenticio y fortaleciendo.
En el departamento de La Guajira, la Costa Caribe entre otros departamentos brillan con luz propia la desproporcionalidad en salud, alimentación balanceada y complementaria, como registran fotografías recientes de alimentos que causaron indignación por la ciudadanía tales como un banano, un buñuelo y vaso de peto y el bolsillo de los contratistas a flor morado. Ojalá la Contraloría General muestre ejemplar sanción para seguir creyendo en la institucionalidad.
Que impotencia ver cómo se multiplican carteles de corrupción, algunos “honorables” con cuellos blancos empotrados en las élites del poder corrupto olvidándose de la necesidad social y la pobreza extrema en varios departamentos del país. Eso sí, en campañas electorales llegan con apología social y pasan de villanos a héroes a comprar la dignidad y el hambre de aquellos afectados.
Menester insistir, las investigaciones en curso al Plan de Alimentación Escolar y el internet en poblaciones más apartadas del país deberán arrojar fallos con responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal, en garantía al deber Constitucional y legal y cumplimiento en los principios de moralidad, eficiencia, economía, eficacia y responsabilidad objetiva.
Corolario: insisto, no es suficiente denunciar después del hecho generador del detrimento, por el contrario, la sensatez en contratación pública es, quien tiene la capacidad de prevenir el daño antijurídico y garantizar el patrimonio público antes de cualquier desembolso de recursos, no puede actuar con omisión.
Es ahí, que tiene que imperar la capacidad institucional y administrativa ante un eventual menoscabo y perjuicio en la gestión contractual – Ley 610 de 2010.
¡Colombia implora!, no más lesión y perjuicio a los dineros públicos, impera los derechos constitucionales de los menores y el bien general, más no el bolsillo del contratista corrupto.
