A propósito del escenario coyuntural político-jurídico y administrativo del Departamento, es oportuno analizar y cuestionar, ¿porqué La Guajira no ha formulado y adoptado la “política pública de discapacidad e inclusión social y laboral que determine la efectividad institucional ante los anteriores planes de desarrollo y por supuesto el vigente?
Sorprende este proceder en un memorial de la administración “(…) la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social –Ppdis– de La Guajira se encuentra en proceso de construcción. Se priorizó en este enfoque étnico a Uribia, Manaure y Riohacha con asentamientos indígenas de la etnia wayuú y el municipio de Dibulla con asentamiento de la etnia wiwa”.
Ineludible. Realizaron una gestión de manera selectiva con ciertos municipios, desconociendo que el mejor proceder debió surtirse en establecer las necesidades de la población total del Departamento y posterior identificar un Dofa de la población vulnerada.
Ahora bien, el estudio adelantado por el Ministerio de Salud – agosto 2020, arroja y describe que el origen de la discapacidad de mayor frecuencia indicado por las personas registradas en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – Rlcpd– son la enfermedad general, seguido de accidentes, alteraciones genéticas y condiciones de salud.
El 15% de la población con discapacidad registrada en el Rlcpd manifestó pertenecer a un grupo étnico. De estos, el 72,6% es indígena, el 26,8% se reconoce como negro, afrodescendiente, raizal o palenquero y el 0,52% como Rrom.
Entonces de lo manifestado en el memorial y publicado en la web, mejor procede preguntarnos, ¿cuál ha sido la deficiencia o incapacidad administrativa para avanzar?, a la fecha no hay registro de información actualizada que demuestre avance ante esta iniciativa.
En efecto, ¿y la voluntad política dónde quedó?, siendo esta última la menos objetiva para el clamor e inclusión laboral para la población en debilidad manifiesta.
Considero, en cierto grado, que el arte y la finalidad de hacer política acompañado de los factores conexos de la región, han perdido su norte y olvidando el índice social. Sin embargo, no se puede admitir una simple gestión o meramente iniciativas ineficaces acompañadas con informes desproporcionados en letra muerta.
Es menester recordar a Eleanor Roosevelt – primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que expresó lo siguiente “(…) las mentes grandes hablan de ideas, las mentes promedio hablan de sucesos, las mentes pequeñas hablan de la gente”… honorables diputados, concejales, edil, lo expuesto; no es un saludo a la bandera, por el contrario, con gallardía y altruismo proponer a las administraciones de turno este espacio incluyente socio – laboral, concretando una política pública viable.
En la misma línea, brilla con luz propia la protección jurisprudencial de los derechos humanos, a personas con discapacidad en Colombia y en nexo causal, resaltando apartes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual constituyen algunos de los instrumentos internacionales de derechos de las personas con discapacidad formando parte de los tratados de derechos humanos.
Según la página web del Ministerio de Salud, las personas con discapacidad en Colombia van en aumento.
Para diciembre de 2013, se habían inscrito en el “Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (Rlcpc)” 1´062.917 personas y acorte de septiembre del año 2019, un total de 1´521.114 personas registradas.
No podemos ocultar que el Departamento está agobiado por la informalidad económica, por la falta de oportunidad. En noticias recientes, un grupo de jóvenes valientes, propiciaron huelga de hambre ante la extrema pobreza ubicados en los rincones más apartados de la Alta Guajira.
De manera que, la incapacidad de iniciativas de emprendimiento gubernamental, ante la ausencia empresarial, curva decreciente latente, esta comunidad clama soluciones inmediatas, prevaleciendo más el clientelismo en campaña electoral que ha sido el común denominador por décadas, y por supuesto se avecinan elecciones atípicas, si por el contrario, no sucede algo inédito.
En Colombia la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social la cual: I) refleja las principales problemáticas que enfrenta la población con discapacidad, sus familias y cuidadores, y II) genera propuestas de solución a cada una de estas situaciones, en la forma de acciones concretas con responsables sectoriales e intersectoriales.
Si bien es cierto, las entidades territoriales deben formular sus propias políticas públicas de discapacidad e inclusión social, atendiendo los objetivos y ejes estratégicos de la Ppdis nacional y comprendiendo que son inherentes a las características de cada territorio.
Para mayor ilustración, el Departamento y los municipios deberán dar cumplimiento con lo establecido en la carta magna política, las Leyes 361 de 1997, la 1346 de 2009 y la 1618 de 2013, el Decreto 470 de 2007 de la Alcaldía mayor de Bogotá “Adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital 2007- 2020, y el Acuerdo 447 de 2010 del Concejo de Bogotá teniendo que, consagran la obligación de proteger en especial aquellas personas que por su estado física se encuentran en una desigualdad frente a otros, ha adoptado mecanismos legales para proteger los derechos en el campo laboral, educativo, salud, cultural, recreativo, etc.
Asimismo, es de resaltar los beneficios económicos para las empresas que vinculen laboralmente a personas con debilidad manifiesta, para garantizar el derecho al trabajo a esta comunidad, el cual están consagrados en el capítulo IV de la Ley 361 de 1997, los estímulos económicos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
De igual modo, el precedente jurisprudencial por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Corte Constitucional (2009) relacionado con la protección Constitucional y derechos fundamentales de las personas discapacitadas, quienes mediante una recopilación de sentencias propenden por la defensa de todos aquellos en condición debilidad e indefensión.
De allí se puede extraer lo fundamental de las diferentes sentencias que rescatan los posibles flagelos contra esta comunidad vulnerada, sirviendo de apoyo lo pertinente a salud, pensiones de invalidez, despidos, educación entre otros.
Mi postura analítica y social, se deduce en que las políticas públicas de gobierno proyecten desafíos a las personas con discapacidad, las cuales por décadas enfrentan una constante peregrinación socio-laboral, frente a los entes territoriales, para resolver sus necesidades como sujetos de derecho.
